La solicitud se hizo por medio de una carta enviada al magistrado Ariel Augusto Torres de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la que el Ministerio Público señaló que no se demostró la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento emitida por la Fiscalía el pasado 5 de junio.

“La Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; igual tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las “víctimas””, señala el ente de control.

La entidad señala que la medida debe garantizar que “no se sacrifique de manera excesiva del derecho a la libertad del procesado” y que deberá de aplicar de manera “excepcional”, lo que no habría sido tenido en cuenta por el ente investigador.

“Las medidas de aseguramiento y en especial la detención preventiva, deben ser asumidas por los funcionarios judiciales en sentido lato, como figuras que solamente proceden en circunstancias particulares y extraordinarias. En otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico la regla general debe ser mantener en total libertad a los procesados por la presunta comisión de una conducta punible mientras esperan el desarrollo y los resultados de un juicio”, señaló el Ministerio Público.

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