Este es el resumen del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea con respecto a las elecciones en Colombia.

El preconteo indica que, de las seis candidaturas que concurrieron a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, las dos fórmulas que pasarán a segunda vuelta son la integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez (Pacto Histórico), que obtuvieron el 40,3% de los votos, y la que forman Rodolfo Hernández y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción), con el 28,1%. La participación alcanzó el 54,9%, similar a la de las últimas elecciones presidenciales.

La jornada electoral fue, en general, pacífica y tranquila. Los observadores de la MOE UE destacaron su buena organización y valoraron positivamente su transparencia, así como la implementación de los procedimientos electorales en las mesas. Los jurados realizaron el escrutinio de manera transparente y ordenada. Los testigos de los partidos, presentes al cierre de la jornada en casi todas las mesas observadas, pudieron desarrollar su tarea sin restricciones y tomar fotografías de las actas de resultados. La Registraduría adoptó nuevas medidas para facilitar el acceso a las actas a aquellos partidos que no desplegaron testigos en todas las mesas. La práctica totalidad de las actas de resultados fueron publicadas en la web de la Registraduría durante las primeras horas de la noche electoral.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar en un contexto de creciente desconfianza pública en el proceso electoral, consecuencia de las incorrecciones verificadas en los resultados preliminares y no oficiales (preconteo) de las legislativas y de las narrativas de posible fraude desplegadas tanto por la izquierda como por la derecha, en diferentes etapas de las elecciones generales. Sin embargo, las medidas de transparencia existentes garantizaron la plena trazabilidad de los resultados de las mesas a lo largo de las diferentes fases del escrutinio de las elecciones legislativas, el único que determina los resultados oficiales, aspecto este que la Registraduría no explicó suficientemente.

A la luz de las deficiencias mencionadas, la Registraduría adoptó una serie de mejoras, como la doble digitación de los datos de las actas y otras medidas de verificación de la exactitud del escrutinio. Realizó también una nueva selección de jurados y mejoró su programa de formación. Y lo que es más importante, trató de consensuar con los partidos políticos el diseño de documentos clave, como las actas de resultados, y la adopción de ciertos procedimientos objeto de críticas durante las legislativas, como el sistema de registro de los testigos. La Registraduría demostró altos niveles de organización y profesionalismo en los preparativos electorales, tanto a escala nacional como en los departamentos y municipios.

El sistema de inscripción automática de los electores y la depuración de las inscripciones de fallecidos garantizan un censo electoral generalmente inclusivo y preciso. El número de inscripciones de cédulas rechazados por no cumplir los requisitos administrativos fue relativamente bajo, y muy inferior al registrado durante las legislativas, gracias a las medidas adoptadas por la Registraduría. Esta amplió además las opciones para que los ciudadanos pudieran informarse sobre el lugar en el que les correspondía votar y aumentó la capacidad de su sitio web.

El marco legal para las elecciones en Colombia proporciona una base adecuada para la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, su excesiva dispersión lo vuelve complejo, en ocasiones hasta el punto de socavar la seguridad jurídica. Persisten además deficiencias y lagunas en ámbitos como la inscripción de candidatos y la supervisión de la financiación de las campañas. Más de un año después de que el Congreso aprobara un nuevo Código Electoral, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional por vicios de procedimiento, frustrando así la introducción de las numerosas posibles mejoras que incorporaba.

En general, el ambiente de la campaña fue pacífico y pluralista y, en la mayor parte del país, candidatos y votantes pudieron organizar y asistir libremente a actos públicos. Sin embargo, el paro impuesto por el Clan del Golfo entre el 4 y el 8 de mayo afectó gravemente al orden público, limitando las actividades de campaña y restringiendo la libertad de movimiento en algunas zonas del noroeste del país. La violencia crónica ejercida por los grupos armados ilegales, y los enfrentamientos entre ellos, siguieron afectando durante la campaña a numerosas comunidades, en su mayoría rurales, y provocaron el desplazamiento de un número elevado de personas.

En mayo, la Procuraduría suspendió temporalmente a cuatro alcaldes electos por su presunta participación en la campaña. Es discutible que la disposición constitucional que impide a algunas categorías de funcionarios públicos participar en las campañas electorales sea aplicable a los funcionarios electos pero, en cualquier caso, es contraria a las normas internacionales sobre derechos políticos. Además, la destitución, aun temporal, de un cargo de elección popular por una autoridad administrativa, en vez de por un juez, fue ya considerada una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia vinculante que condenó a Colombia. Por el contrario, no se ha aplicado aún sanción alguna al comandante de las fuerzas armadas quien, en abierta violación de la Constitución y de una larga tradición de no injerencia del ejército colombiano en la política, hizo declaraciones públicas en contra de un candidato.

El 5 de mayo, la Corte Constitucional anuló la suspensión de la cláusula de la Ley de Garantías que prohíbe la contratación pública en los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales. Aunque la sentencia prohibió la contratación pública durante el resto del periodo electoral, los contratos ya en vigor siguieron siendo válidos, lo que puede haber contribuido a generar desigualdad de condiciones entre los candidatos. La sentencia, que pretendía impedir que el Gobierno utilizara los contratos públicos como incentivos de campaña, se dictó seis meses después de la aprobación de la ley, pero sólo tres semanas antes de las elecciones, por lo que su eficacia ha sido limitada.

La libertad de expresión y la libertad de prensa se respetaron en general, y la mayoría de los medios pudieron cubrir el proceso electoral sin mayores limitaciones. Sin embargo, 22 emisoras de radio de la región noroeste se vieron obligadas a interrumpir sus emisiones durante varios días debido al paro armado impuesto por el Clan del Golfo a principios de mayo. En general, los medios de comunicación nacionales fueron pluralistas y ofrecieron una amplia cobertura del proceso. Los resultados del monitoreo de medios de la MOE UE indican que Gustavo Petro fue el candidato que recibió la mayor cantidad de cobertura en tono negativo.

El monitoreo de la MOE UE de las cuentas de Facebook y Twitter de los candidatos presidenciales desveló que, juntos, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico «Fico» Gutiérrez representaron el 92% de las interacciones con los usuarios: Petro el 44%, Hernández el 26% y Gutiérrez el 22%. No se observaron casos de incitación al odio en las publicaciones de los candidatos, y muy pocos en las respuestas de los usuarios. Sin embargo, Francia Márquez fue objeto de más discursos de odio que otros candidatos por parte de los usuarios de las redes sociales. Casi todas las críticas de los contendientes se dirigieron a Gustavo Petro. El candidato que más invirtió en publicidad en Facebook fue «Fico» Gutiérrez, seguido a distancia por Gustavo Petro.

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