La atención a damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026 presenta dificultades que preocupan a la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control advirtió problemas en los registros de las familias afectadas, la evaluación de viviendas y la entrega de ayudas económicas.
Las observaciones fueron expuestas en diferentes comunicaciones oficiales, particularmente en los boletines del 10 de septiembre y del 5 de octubre. En ellos, la entidad solicitó medidas para corregir las inconsistencias y garantizar que los recursos destinados a la emergencia lleguen a quienes los necesitan.
De acuerdo con la Procuraduría, algunas familias afectadas quedaron por fuera del Registro Único de Damnificados (RUD), especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
El organismo también identificó dificultades para actualizar la información sobre el estado de las viviendas, una situación que puede afectar la identificación de necesidades y la planificación de las intervenciones.
Procuraduría pide mejorar la atención a damnificados del terremoto
Uno de los principales problemas señalados por la entidad está relacionado con el funcionamiento de las plataformas utilizadas para registrar los daños ocasionados por el movimiento telúrico.
Según el boletín 936, publicado el 5 de octubre, el cierre del Registro Único de Damnificados dejó por fuera a familias que también resultaron afectadas por la emergencia.
La Procuraduría indicó que las herramientas tecnológicas no permitían actualizar adecuadamente la clasificación de las viviendas después de las evaluaciones técnicas ni incorporar los daños provocados por las réplicas.
Por esta razón, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estudiar una reapertura extraordinaria y condicionada del registro.
La petición busca permitir la inclusión de personas afectadas que no alcanzaron a completar el proceso y facilitar la actualización de la información sobre las condiciones reales de sus viviendas.
El organismo de control también pidió agilizar los auxilios económicos y establecer reglas claras para su distribución. Procuraduría General de la Nación
Advierten inconsistencias en los registros de afectados
La preocupación por la calidad de la información había sido expuesta anteriormente mediante la Circular 005, divulgada el 10 de septiembre.
En ese documento, la Procuraduría informó que, de 501 municipios identificados como afectados por el terremoto, solamente 124 habían cargado sus reportes de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) al corte del 3 de septiembre.
Los otros 377 tenían pendiente ese procedimiento, según las cifras oficiales correspondientes a esa fecha.
La entidad también advirtió sobre inconsistencias detectadas en algunos registros, las cuales podrían ocasionar dificultades para identificar correctamente a los beneficiarios de la asistencia humanitaria.
El Ministerio Público insistió en que la información debe ser completa, oportuna y revisada antes de utilizarse para orientar los programas de recuperación.
Estos registros permiten establecer cuántas personas necesitan asistencia, cuáles viviendas presentan daños y qué intervenciones deben priorizarse.
Por ello, las inconsistencias pueden afectar tanto la distribución de recursos como la planificación de las soluciones habitacionales. Procuraduría General de la Nación
Continúa el seguimiento a la atención a damnificados del terremoto
La Procuraduría mantiene una actuación preventiva relacionada con la respuesta institucional y el proceso de reconstrucción.
Para desarrollar esa labor, conformó un grupo especial encargado de vigilar la protección de los derechos de las personas afectadas y el manejo transparente de los recursos públicos.
Entre los asuntos sujetos a seguimiento se encuentran las condiciones de los alojamientos temporales, el acceso a servicios esenciales, la recuperación de viviendas y la entrega de asistencia humanitaria.
La entidad también ha solicitado apoyo técnico para las evaluaciones estructurales y las labores necesarias en edificaciones afectadas.
Estas actuaciones buscan que la recuperación avance con información confiable y que las familias damnificadas reciban una respuesta acorde con sus necesidades. Procuraduría General de la Nación +1
Aunque la Procuraduría ha documentado dificultades administrativas y operativas, sus pronunciamientos no constituyen por sí mismos decisiones disciplinarias ni establecen responsabilidades individuales.
El seguimiento continúa mientras las familias afectadas esperan soluciones relacionadas con sus viviendas, el reconocimiento de los daños y el acceso a las ayudas previstas para la emergencia.
