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Rechazo a rebaja de penas por delitos sexuales

Procuraduría critica proyecto de ley 281 En la reciente audiencia pública sobre reforma judicial, la Procuraduría General de la Nación rechazó la propuesta...

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Aldair Florez Acuña
Cartago • 23 de October, 2024 - 14:38
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Protesta Institucional Contra Ley de Penas Suaves
Rechazo a rebaja de penas por delitos sexuales Foto: Archivo El Norte Hoy

Procuraduría critica proyecto de ley 281

En la reciente audiencia pública sobre reforma judicial, la Procuraduría General de la Nación rechazó la propuesta del Proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso. La propuesta de rebajar las penas para delitos sexuales ha suscitado preocupaciones significativas sobre la protección de las víctimas y la integridad del sistema penal.

Detalles de la audiencia

Christian Wolffhügel, Procurador Delegado ante la JEP, resaltó la necesidad de mantener las penas actuales para asegurar justicia efectiva a las víctimas de violencia sexual. Wolffhügel argumentó que resolver la lentitud judicial no implica reducir penas, especialmente a agresores de menores.

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"Debemos fortalecer las investigaciones y los procedimientos judiciales para servir mejor a las víctimas", afirmó. Con esta postura, la Procuraduría sostiene que ajustar las penas no contribuye a la eficiencia judicial ni evita los recursos innecesarios.

Impacto en la justicia y confianza pública

Wolffhügel explicó que el sistema ya dispone de mecanismos para acelerar los juicios, como la "justicia premiada", que fomenta la aceptación de cargos para reducir la duración de los procesos. Sin embargo, advirtió que reducir las penas podría restarle gravedad al abuso sexual y socavar la confianza en la justicia.

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El delegado también cuestionó la efectividad de esta medida para combatir la impunidad. "¿Realmente disminuirá la impunidad?", interrogó, invitando a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de estos cambios legislativos.

Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso de asegurar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, protegiendo los derechos de las víctimas sin ceder a conveniencias procesales. Este enfoque recalca la necesidad de un balance entre eficiencia y justicia en las reformas legales que Colombia enfrenta actualmente.

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