El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre las protestas y lo que debe hacer el Gobierno nacional.
Manifestó que las decisiones deben acatarse y cumplirse así no se compartan. “Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos”.
Expresó que las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, “pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.
También determinó que la Procuraduría General de la Nación cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhortó a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Procurador General convocará mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, “un protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de meeting, reunión o cualquier acto de protesta”.
Por último, detalló que la Procuraduría “acompañará las mesas de trabajo que debe convocar el gobierno para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas”.
