Abelardo de la Espriella firma el Decreto 1525 de 2026, que establece nuevas disposiciones para las manifestaciones en Colombia. La decisión llegó a pocas horas de la primera jornada de protesta convocada contra su Gobierno.
La norma modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, expedido durante la administración del expresidente Iván Duque. Con esta decisión, el Gobierno Nacional introduce nuevas reglas para regular la actuación de la Fuerza Pública durante las movilizaciones.
La reglamentación establece criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos. Además, precisa cuándo debe finalizar el diálogo y bajo qué circunstancias puede intervenir la Fuerza Pública mediante el uso legítimo de la fuerza.
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Abelardo de la Espriella firma nuevas reglas para protestas
El documento lleva por nombre oficial “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
Durante su alocución presidencial, De la Espriella explicó el principio que orienta la decisión de su Gobierno:
“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”.
Según el mandatario, los integrantes de la Fuerza Pública deberán respetar a quienes participen pacíficamente en las movilizaciones. Sin embargo, advirtió que su administración no permitirá bloqueos permanentes de carreteras ni agresiones contra otras personas.
También mencionó los bloqueos de carriles de TransMilenio y el lanzamiento de objetos como comportamientos frente a los cuales el Estado deberá actuar.
Estas conductas contempla la nueva reglamentación
El Decreto 1525 de 2026 precisa las circunstancias que pueden constituir actos de violencia durante una manifestación.
Entre las conductas contempladas aparecen las agresiones contra personas y el uso de objetos o sustancias capaces de ocasionar lesiones graves.
La norma también incluye la retención de personas contra su voluntad, así como el uso o instrumentalización de menores de edad, mujeres gestantes o lactantes.
Además, contempla ataques contra bienes, daños a infraestructura pública o propiedad privada y amenazas contra quienes participan pacíficamente en una movilización.
Estas disposiciones también abarcan las acciones de coacción contra ciudadanos que deciden no participar en las protestas.
El documento señala que dichas conductas podrán constituir actos violentos dependiendo de las circunstancias concretas. Por ello, la evaluación de cada situación forma parte de los criterios establecidos para la actuación estatal.
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Decreto de protesta social genera nuevo debate
El presidente confirmó la firma de la norma mediante un video difundido en redes sociales, donde defendió la necesidad de garantizar tanto las manifestaciones pacíficas como los derechos de quienes no participan en ellas.
“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, expresó.
De la Espriella también sostuvo que el derecho a manifestarse debe coexistir con las garantías para trabajar, estudiar y movilizarse.
En su intervención, el jefe de Estado insistió en que las actuaciones contra quienes cometan hechos violentos deberán respetar el debido proceso.
“¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, afirmó.
La expedición del decreto coincide con la convocatoria de la primera protesta contra el Gobierno Nacional. La jornada pondrá en primer plano la aplicación de las nuevas disposiciones y la actuación de la Fuerza Pública frente a las movilizaciones ciudadanas.
