Este 11 de agosto de 2023, Colombia recibe una noticia de gran impacto en el ámbito político. La Procuraduría General de la Nación desveló que un total de 660 candidatos estarían inhabilitados para elecciones regionales del próximo octubre.
Lea también: Tres Policías Asesinados y Varios Heridos en Suárez
Más de la mitad de los 660 candidatos inhabilitados para elecciones pertenecen a concejos regionales.
as cifras son preocupantes. Las anotaciones disciplinarias indican que los candidatos inhabilitados están distribuidos de la siguiente manera: 14 aspirantes a alcaldías; 19, a asambleas; un asombroso número de 544, a concejos; 3, a gobernaciones; 55, a juntas administradoras locales, y 25, a ediles en la capital, Bogotá.
En medio del foro de Avances del Proceso Electoral llevado a cabo en Santa Marta, la emblemática ciudad caribeña y capital del Magdalena, Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, hizo hincapié en la gravedad de la situación. Resaltó que la lista presentada no es definitiva, pues los nombres de los candidatos deberán ser cotejados rigurosamente.
«Deberá ser confirmado y verificado con los datos definitivos provenientes de la Registraduría para, posteriormente, proceder a remitir la información al Consejo Nacional Electoral”, afirmó Cabello Blanco. Estas palabras resaltan la importancia de la colaboración entre las entidades gubernamentales para garantizar transparencia y legitimidad en las próximas elecciones.
La procuradora general Margarita Cabello Blanco exige verificación exhaustiva.
Esta noticia plantea varios retos para el escenario político de Colombia. Los candidatos afectados deberán esperar la revisión y validación de sus casos. Mientras que los partidos políticos deberán prepararse para posibles cambios en sus listas de aspirantes.
El país se encuentra en vilo, esperando más información y claridad sobre esta situación. Las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo de las elecciones regionales. El llamado general es a garantizar un proceso electoral limpio y transparente, que refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas de Colombia.
