Investigación revela presuntas fallas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el Quindío
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, exgobernador del Quindío, y la exsecretaria de Educación Ana María Giraldo Martínez por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La administración no habría tramitado los recursos con antelación, afectando la ejecución del programa.
Retrasos en la ejecución del PAE
El ente de control investiga los hechos que ocurrieron durante el gobierno de Jaramillo Cárdenas, entre 2020 y 2023, cuando el servicio de alimentación escolar no fue proporcionado desde el primer día de clases en el 2023, incumpliendo con las normativas establecidas. La falta de justificación por parte de los funcionarios sobre el retraso es uno de los puntos clave de la investigación.
Según la Procuraduría, la administración no gestionó a tiempo la aprobación de los recursos necesarios ante la Asamblea Departamental. Este retraso en la solicitud de fondos provocó que el proceso de selección para la operación del PAE comenzara en diciembre de 2022, cuando la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) había solicitado que los contratos estuvieran suscritos antes de fin de año.
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Afectación de los derechos de los estudiantes
El inicio tardío del programa, que comenzó el 27 de febrero de 2023, un mes después del inicio del calendario escolar, afectó directamente a los estudiantes del Quindío. El órgano de control señaló que la demora en la entrega del complemento alimentario impactó negativamente los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
La Procuraduría destacó que los recursos asignados al PAE están destinados a garantizar el derecho a la educación, lo que implica la entrega oportuna de los alimentos. Además, subrayó que los entonces funcionarios habrían mostrado falta de diligencia frente a la necesidad de asegurar la ejecución del programa en los tiempos adecuados.
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Posibles sanciones para los implicados
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la presunta falta como grave, cometida a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones para el exgobernador y la exsecretaria de Educación. Las investigaciones continúan, y las autoridades buscan determinar con precisión las responsabilidades de los involucrados en esta situación que afectó a miles de estudiantes en el departamento.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es esencial para garantizar que los estudiantes de las instituciones públicas reciban los nutrientes necesarios para su rendimiento académico. La ejecución de este programa ha sido objeto de investigaciones en varios departamentos del país debido a su impacto directo en el bienestar estudiantil. La falta de planeación adecuada y gestión eficiente puede resultar en graves consecuencias para los derechos de los menores.
La Procuraduría continuará investigando el caso y no se descartan nuevas imputaciones relacionadas con la administración de Jaramillo Cárdenas y su equipo de gobierno.
