Organizaciones de derechos humanos piden intervención ante aumento de violencia en Risaralda
El aumento de homicidios, la aparición de cuerpos torturados y desmembrados en Pereira y Dosquebradas, así como la circulación de panfletos en municipios como Mistrató, han generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en Risaralda. La Mesa Territorial de Garantías ha solicitado la intervención de las autoridades nacionales e internacionales para investigar estos hechos y garantizar la seguridad en la región.
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La solicitud elevada por la Mesa Territorial de Garantías incluye nueve peticiones clave dirigidas a diversas instancias gubernamentales y de control, buscando frenar la escalada de violencia que afecta no solo a Risaralda, sino también al Norte del Valle.
Peticiones de las organizaciones de derechos humanos
Entre las exigencias presentadas por la Mesa Territorial de Garantías se destaca la necesidad de realizar una investigación interna dentro de las instituciones de seguridad y justicia. La finalidad es determinar si existen funcionarios públicos vinculados a grupos criminales o si han incurrido en omisión de sus funciones. David Martínez, vocero de la Mesa Territorial de Garantías, expresó su preocupación por la creciente ola de asesinatos y desapariciones en la región.
“Hemos desarrollado una acción urgente que le hemos enviado al gobierno nacional, a distintas instancias judiciales, de investigación y de control, así como a las organizaciones de derechos humanos del mundo entero. Con este documento, buscamos visibilizar la grave situación que vive Risaralda”, indicó Martínez.
Las organizaciones también han solicitado a la Fiscalía General de la Nación la creación de un equipo especializado de fiscales e investigadores del nivel central para que asuman directamente las indagaciones sobre los hechos violentos registrados en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, Mistrató, Apía y Cartago. Según la Mesa, esta medida permitiría obtener resultados concretos en la desarticulación de estructuras criminales que operan en la zona.
Llamado a la acción por parte de las organizaciones
Otra de las solicitudes importantes consiste en exigir a la Policía Nacional resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado en Risaralda y el Norte del Valle. Las organizaciones de derechos humanos argumentan que es fundamental una intervención integral que garantice la seguridad de la población y el restablecimiento del orden en los territorios afectados.
Asimismo, han pedido un seguimiento efectivo a la implementación de la política de Jóvenes en Paz en el departamento, la cual, según denuncian, no ha comenzado a ejecutarse de manera eficiente. “Frenar esta situación solo es posible si la hacemos evidente, y en ese orden de ideas, hemos enviado este documento al Gobierno, a la Vicepresidencia, a la Fiscalía y a los distintos órganos de control”, puntualizó Martínez.
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Las autoridades locales y nacionales se enfrentan a un desafío crucial para garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas escaladas de violencia. Mientras tanto, la comunidad de Pereira y las organizaciones defensoras de derechos humanos continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad en la región.
