Corte Suprema decidirá sobre la petición de reclusión especial
La situación judicial de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, sigue generando controversia. La Corte Suprema de Justicia leerá este miércoles la sentencia condenatoria en su contra, tras ser hallada culpable de tres delitos vinculados con los actos de vandalismo cometidos en Transmilenio durante las protestas de 2019.
Ante este panorama, su defensa legal ha anunciado que solicitará un trato especial para su reclusión. Su abogado, Ómar Ocampo, argumenta que la empresaria corre un alto riesgo dentro del sistema penitenciario debido a su condición de figura pública y exitosa emprendedora. Por ello, piden que sea trasladada a una guarnición militar o a un pabellón especial que garantice su seguridad.
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“Hemos recibido voces de apoyo de diversos sectores y, por supuesto, como madre cabeza de familia tiene derechos que deben ser considerados. Su hija de nueve meses tiene un derecho universal y constitucional prevalente”, afirmó Ocampo.
Argumentos de la defensa para la reclusión especial
El abogado subraya que esta petición no es extraordinaria en Colombia. En el pasado, políticos y funcionarios procesados por corrupción han recibido beneficios similares. La defensa enfatiza que el perfil empresarial de Epa Colombia y su impacto en redes sociales podrían convertirla en blanco de amenazas y riesgos dentro de una cárcel común.
Durante los procedimientos de reseña y valoración médica en el búnker de la Fiscalía, su abogado aseguró que la captura de la empresaria fue sorpresiva y que ha impactado significativamente su vida y la de su entorno laboral.
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“Daneidy ha trabajado arduamente en su empresa durante los últimos seis años, construyendo un proyecto gigante. Es una persona activa y comprometida con su trabajo. Creemos que debería estar en una guarnición militar o en un espacio especial que el Estado pueda brindarle”, agregó Ocampo.
La solicitud de reclusión especial no solo busca proteger su integridad, sino también asegurar condiciones seguras para su permanencia mientras cumple su condena. Ahora, la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que evaluará si la influenciadora cumple con los requisitos para acceder a este beneficio.