Exalcalde de Pueblo Rico enfrentará cargos por contrato irregular con ASOMUR
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Leonardo Fabio Siagama Gutiérrez, exalcalde de Pueblo Rico, por presuntas irregularidades en contratación directa. La investigación se centra en un convenio firmado con la Asociación de Municipios de Risaralda (ASOMUR), que habría incumplido principios legales fundamentales.
El contrato en cuestión fue suscrito durante la administración 2020–2023, utilizando la modalidad de contratación directa. Según el órgano de control, la decisión de firmar el convenio habría desconocido normas que exigen garantizar igualdad de oportunidades para todos los posibles oferentes.
Procuraduría cuestiona legalidad del convenio con ASOMUR
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira encontró que el exalcalde, en su calidad de ordenador del gasto, expidió la resolución que permitió el contrato sin aplicar criterios de transparencia. El convenio fue formalizado con ASOMUR sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, referentes a los procedimientos contractuales en el sector público.
El Ministerio Público subrayó que ASOMUR no se encontraba entre las entidades exceptuadas para este tipo de contratación directa. Por tanto, al autorizar el convenio, se habría infringido el principio de igualdad en la participación de oferentes, base de la contratación estatal en Colombia.
De igual manera, el exsecretario de despacho con funciones de Planeación, Héctor Fabio Serna (2022–2023), también fue vinculado a la investigación. La Procuraduría señaló que Serna habría participado directamente en la elaboración de los estudios previos que sustentaron el acuerdo con la Asociación.
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Conducta calificada como falta gravísima con culpa gravísima
El pliego de cargos advierte que ambos funcionarios podrían haber vulnerado principios esenciales como la transparencia, la responsabilidad y la moralidad. Estos valores están consagrados tanto en la Constitución Política como en el régimen de contratación pública.
Por ahora, la conducta atribuida a los implicados fue calificada de forma provisional como falta gravísima cometida con culpa gravísima. Esto implica que, de confirmarse los hechos en la etapa disciplinaria, las sanciones podrían incluir inhabilidades para ejercer cargos públicos, además de la afectación de su hoja de vida como servidores del Estado.
La Procuraduría no descartó nuevas actuaciones en caso de hallar más responsables, al tiempo que destacó la importancia de respetar los principios rectores de la administración pública. El proceso continúa en etapa de instrucción y los implicados podrán ejercer su derecho a la defensa.
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¿Por qué es importante este caso?
Este tipo de investigaciones refleja la firmeza del ente de control frente al uso de recursos públicos. Los contratos estatales deben respetar reglas claras que garanticen la pluralidad de oferentes. De lo contrario, se puede caer en prácticas que atenten contra la equidad y la eficiencia en la ejecución de los recursos municipales.
Además, el caso pone de relieve los riesgos de utilizar mecanismos como la contratación directa sin justificación legal suficiente. Aunque dicha modalidad es permitida en ciertos escenarios, su uso debe estar plenamente respaldado por la normatividad vigente y no puede ser una herramienta para evadir la competencia entre proveedores.
El seguimiento a este tipo de procesos también envía un mensaje claro a los actuales mandatarios locales: la vigilancia de los órganos de control continúa activa y se enfocará en cualquier indicio de irregularidad.
