Crisis en la cárcel Peñas Blancas: alerta por emergencia humanitaria
La cárcel Peñas Blancas en Calarcá, Quindío, enfrenta una de las situaciones más críticas de los últimos años. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han emitido una alerta por emergencia humanitaria debido a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos.
Cárcel Peñas Blancas: sin médicos y con hacinamiento extremo
Durante una visita reciente al Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Peñas Blancas, se comprobó la ausencia total de personal médico.
Desde mediados de marzo, no hay médicos disponibles, lo que ha generado un represamiento grave en la atención de salud. Muchos internos han visto agravadas sus enfermedades, y varios han manifestado intenciones de huelga o incluso motines.
Esto vulnera directamente el derecho fundamental a la salud, especialmente en una población que requiere atención permanente y está bajo la protección del Estado.
El panorama es aún más crítico por el hacinamiento. El centro fue diseñado para 950 personas, pero actualmente alberga 1.194 internos, lo que representa un exceso de más del 25%. Esta situación intensifica los problemas de salubridad, la falta de acceso a servicios básicos y el deterioro físico y mental de los reclusos.
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Ministerio Público exige acciones urgentes en cárcel Peñas Blancas
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría exigieron medidas inmediatas a distintas entidades.
Al Inpec, le solicitaron suspender temporalmente el ingreso de nuevos internos al EPC Calarcá, ya que no existen condiciones mínimas para garantizar la vida y la salud de los actuales reclusos. Además, el EPC Armenia —centro alterno cercano— ya tiene cierres parciales por brotes de varicela, lo que limita opciones de traslado.
También se pidió al Fondo de Atención en Salud PPL y a Medisalud UT asignar personal médico y de enfermería de manera urgente, incluso trasladando profesionales desde otras cárceles.
La falta de contratos y la mala planeación en salud han sido calificadas como trato cruel, inhumano y degradante, violando tanto la Constitución como sentencias vigentes de la Corte Constitucional, como la T-388/13 y SU122/22.
En paralelo, las Secretarías de Salud del Quindío y de Calarcá deben organizar brigadas integrales para atender los casos más graves.
También se solicitó a la Gobernación del Quindío convocar el Comité Penitenciario y Carcelario con carácter urgente para analizar las consecuencias de un cierre parcial o total del establecimiento.
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Internos del Patio 5A: los más afectados por la emergencia
Uno de los puntos más críticos del penal es el Patio 5A, donde conviven adultos mayores, personas LGBTIQ+ y enfermos con patologías de alto costo.
Allí, la situación es aún más precaria: la escasez de agua potable ha obligado a los internos a usar un pozo antiguo para abastecerse, lo que representa un riesgo sanitario adicional.
Además, la vulnerabilidad de estas poblaciones exige atención prioritaria por parte del Estado. Las condiciones inhumanas y la falta de respuesta institucional exponen a los internos a violaciones sistemáticas de sus derechos.
Trato cruel e inhumano: el llamado final del Ministerio Público
La conclusión de la Procuraduría y la Defensoría fue contundente: lo que ocurre en Peñas Blancas es una crisis de derechos humanos.
La ausencia de atención médica, el hacinamiento, la escasez de agua y la desatención a grupos vulnerables constituyen un trato degradante, cruel e inhumano, según estándares constitucionales y jurisprudenciales.
Ambas entidades hicieron un llamado urgente a todas las autoridades competentes para implementar soluciones inmediatas y estructurales.
El objetivo: garantizar una atención en salud continua, digna y eficaz para una población que, aunque privada de su libertad, sigue teniendo derechos fundamentales que el Estado debe proteger.
