Una alerta que sacude al sistema de salud local

El departamento de Risaralda enfrenta una creciente preocupación por la crítica situación financiera de sus hospitales públicos. Aunque aún no se ha declarado oficialmente una emergencia, la advertencia está sobre la mesa.

Las deudas acumuladas por parte de las EPS han comenzado a afectar la operación normal de las instituciones de salud, generando retrasos en la atención y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los servicios.

Deudas que comprometen el futuro del hospital de Apía

El caso más grave se vive en el Hospital San Vicente de Paúl, en el municipio de Apía. La gerente Johana Posada informó que las EPS deben más de 2.500 millones de pesos, lo que compromete su funcionamiento en el corto plazo.

«Estamos en una crisis real. Si no se realizan pagos contundentes, no podríamos operar durante el último trimestre del año», expresó la funcionaria, quien además reportó una deuda interna con proveedores cercana a los mil millones de pesos.

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Risaralda enfrenta obstáculos para remisiones oportunas

La situación también afecta al Hospital Nazareth, ubicado en Quinchía. Los pacientes enfrentan esperas de semanas para ser remitidos a servicios especializados debido a la falta de autorizaciones por parte de las EPS.

Esto agrava el panorama para las zonas rurales, donde las remisiones oportunas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. El descontento crece entre los usuarios y el personal de salud.

EPS en el centro del problema

Entre las entidades señaladas se encuentran Nueva EPS, que no reconoce usuarios afiliados en algunos casos; Fomag, con altas deudas pendientes; y Asmet Salud, que no ha liquidado contratos ni cumplido compromisos previos.

La Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AISalud) ha manifestado su preocupación por los retrasos sistemáticos en los pagos, especialmente en hospitales con servicios por evento.

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Profesionales en riesgo de no recibir su salario

La directora ejecutiva de AISalud, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, advirtió que la situación puede impactar directamente a los trabajadores del sector. Según su declaración, si no se resuelve el flujo de recursos, no habría cómo pagar a médicos y personal asistencial desde el próximo mes.

«Estamos al borde del colapso hospitalario. El no pago de las EPS está paralizando la operación de los hospitales», enfatizó Zuluaga.

Un llamado urgente al Gobierno Nacional

Frente a esta crisis, las asociaciones médicas del departamento exigen al Gobierno Nacional y a los entes de control una intervención inmediata. Piden garantías para que los recursos fluyan sin trabas y permitan mantener la atención a la población.

Si no se toman medidas urgentes, Risaralda podría experimentar una emergencia sanitaria sin precedentes, con consecuencias graves para la salud pública y el bienestar de miles de ciudadanos.