Alias Gabriela y el giro judicial del caso
Alias Gabriela quedó en el centro del proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras conocerse un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación. La diligencia judicial se desarrolló este miércoles, cuando se esperaba la acusación formal en su contra por los hechos que conmocionaron al país.
El acuerdo contempla que la procesada se declare culpable a cambio de una reducción de pena, dentro del marco legal vigente, lo que abre un nuevo escenario en la investigación por uno de los crímenes políticos más sensibles del año.
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Delitos imputados y alcance del acuerdo
Según el ente acusador, Katerine Martínez, identificada con el alias, habría participado activamente en la planeación del atentado al entregar el arma al menor de 15 años que ejecutó el ataque. Por este hecho, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como el uso de menores de edad en la comisión de delitos.
El preacuerdo establece una condena base de 250 meses de prisión por el delito principal, a la que se sumarían dos meses adicionales por cada uno de los cargos restantes. En total, la pena alcanzaría 21 años y dos meses de prisión, sujeta a aval judicial.
Captura, pruebas y contexto investigativo
Tras el atentado, la mujer intentó huir hacia Florencia, en el departamento del Caquetá. No obstante, fue capturada menos de diez días después. De acuerdo con las autoridades, su presencia quedó registrada en cámaras de seguridad del barrio Modelia, donde se le observa en compañía de alias “El Costeño” y asistiendo presuntamente a reuniones previas al crimen.
Hasta el momento, el proceso ha permitido la captura de nueve personas. En el desarrollo de la investigación se han revisado 89 cámaras de seguridad, entrevistado 43 testigos, incautado ocho teléfonos móviles, ejecutado 29 interceptaciones telefónicas, además de realizar siete allanamientos y ocho interrogatorios.
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Declaración pública y solicitud de protección
Durante la audiencia, la procesada ofreció disculpas a los familiares y personas afectadas por el magnicidio, manifestando arrepentimiento por sus actos y asegurando que no tuvo la intención de causar daño, aunque reconoció la gravedad de sus decisiones.
Tras la firma del preacuerdo, solicitó a las autoridades que se le garantice un lugar de reclusión con condiciones de seguridad, argumentando haber recibido amenazas desde su captura. La solicitud quedó bajo evaluación de las entidades competentes.
Alias Gabriela bajo seguimiento institucional
El caso continúa bajo seguimiento de la Fiscalía y autoridades judiciales, a la espera de que un juez avale el preacuerdo. Mientras tanto, las investigaciones avanzan para esclarecer completamente las responsabilidades y la estructura detrás del atentado, en un proceso que sigue generando atención nacional por su impacto institucional y político.
