El presidente de la República confirmó este domingo que defenderá públicamente el aumento del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó un incremento del 23 % para 2026. En ese contexto, Gustavo Petro convoca marchas para el jueves 19 de febrero en Bogotá y otras ciudades del país, en respaldo a la medida.
El mandatario sostuvo que el ajuste salarial se fundamenta en criterios técnicos, económicos y constitucionales, y que su propósito es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El anuncio se produjo previo a una alocución oficial programada para las 7:00 p. m., en la que ampliará los argumentos del Gobierno frente a la decisión judicial.
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Defensa técnica del incremento salarial
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado reiteró que el salario mínimo en Colombia debe garantizar un ingreso vital y móvil, en coherencia con la productividad y el costo de vida. “Tenemos razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra”, afirmó, al insistir en que el Ejecutivo actuó dentro del marco legal vigente.
La suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado exige la expedición de un nuevo acto administrativo que cumpla con parámetros formales adicionales. El Gobierno anunció que trabajará en ese documento mientras avanza el trámite judicial correspondiente.
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Gustavo Petro convoca marchas en Bogotá y regiones
El presidente confirmó que participará en las movilizaciones convocadas para el 19 de febrero en plazas públicas de Bogotá y principales capitales del país. Las concentraciones han sido promovidas por sectores sociales y organizaciones que respaldan el concepto de salario vital.
Además, el Ministerio del Trabajo convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para el 16 de febrero, con el fin de avanzar en un nuevo decreto transitorio. El Ejecutivo extendió la invitación al sector empresarial para participar en la mesa técnica y aportar propuestas que permitan construir consensos.
Contexto político tras decisión del Consejo de Estado
La determinación judicial ha generado reacciones en distintos sectores políticos y económicos. Voceros afines al Gobierno defendieron la legalidad del incremento, mientras representantes empresariales solicitaron un análisis técnico detallado sobre el impacto fiscal y productivo.
La alocución presidencial y la jornada de movilizaciones serán determinantes para medir el alcance político y social de esta discusión, que se posiciona como uno de los ejes centrales del debate nacional en materia laboral y económica.
