La secretaria de Gobierno de Putumayo, Vilma Zapata, ha expuesto la crítica situación humanitaria que enfrenta la región, donde varias comunidades se encuentran confinadas sin acceso a medicamentos, alimentos o educación. Esta emergencia ha sobrepasado las capacidades locales, y se requiere urgentemente la intervención del Gobierno nacional para resolver la crisis.
Situación crítica en Puerto Leguízamo: 35 días de confinamiento
En una entrevista con Mañanas Blu, Vilma Zapata describió la situación desesperada en el municipio de Puerto Leguízamo, donde la población ha estado confinada durante 35 días, especialmente aquellos que viven a lo largo del río Caquetá. El confinamiento ha impedido la entrega de medicamentos, lo que afecta gravemente a las personas con enfermedades crónicas. Además, la escasez de alimentos y la interrupción de la educación han agravado la crisis.
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Servicios básicos interrumpidos: Ausencia de energía y comunicación
La falta de energía en Puerto Leguízamo ha sumido al municipio en la oscuridad total, ya que las máquinas que suministraban el servicio están fuera de servicio. Esta situación ha dejado a la población sin ninguna posibilidad de comunicación. Además, la telefonía celular ha presentado fallas durante 25 días, sin que los técnicos puedan reparar las antenas debido a las restricciones impuestas por grupos al margen de la ley.
Grupos en confrontación: Disputa territorial y confinamientos
Vilma Zapata identificó dos grupos responsables de los enfrentamientos y el confinamiento en Putumayo: el grupo Carolina Ramírez y el grupo Comando de Frontera. Estos grupos mantienen una disputa territorial en varios municipios del departamento, lo que ha llevado a la población a vivir en condiciones precarias y peligrosas. Además, resaltó la situación en Puerto Caicedo, donde una gran parte de la población estuvo confinada durante ocho días, exacerbando aún más la crisis en la región.
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En conclusión, la situación en Putumayo es alarmante y requiere una acción inmediata por parte del Gobierno nacional. Las comunidades están sufriendo debido a la interrupción de servicios básicos y el constante peligro derivado de los enfrentamientos entre grupos armados. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.
