La región del Chocó atraviesa una situación alarmante, mientras las cifras de afectados aumentan día tras día. Sin embargo, la magnitud de esta emergencia ha pasado casi desapercibida en la agenda nacional. El riesgo persiste y la respuesta aún parece insuficiente.
El occidente del país enfrenta una emergencia de gran escala
Las condiciones climáticas extremas han golpeado con fuerza a los municipios más vulnerables. Chocó no solo ha sufrido intensas lluvias, sino también deslizamientos, vientos huracanados y crecientes torrenciales. Se calcula que más de 34.000 familias han resultado damnificadas por estos eventos, mientras la infraestructura pública colapsa.
Desde Quibdó hasta Sipí, pasando por Bagadó y Medio San Juan, las afectaciones se repiten con la misma intensidad: calles inundadas, viviendas destruidas y comunidades incomunicadas. Aunque la Gobernación ha declarado la emergencia, la ayuda no ha llegado con la velocidad que la situación exige.
Infraestructura, salud y educación, los más afectados en la región
La situación ha dejado efectos devastadores: colegios cerrados, hospitales sin capacidad y barrios enteros bajo el agua.
En la capital del departamento, al menos 65 barrios están anegados, mientras en municipios como El Carmen de Atrato, cerca de 900 niños no han podido regresar a clases.
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La mandataria Nubia Carolina Córdoba declaró la urgencia manifiesta, advirtiendo que más de 109.000 personas están directa o indirectamente afectadas. La producción agrícola, especialmente de pan coger y cultivos de exportación, también se ha visto comprometida.
Además, las vías rurales están colapsadas, dificultando aún más la llegada de insumos y asistencia humanitaria. La situación sanitaria comienza a agravarse por la acumulación de aguas estancadas y la imposibilidad de acceder a servicios básicos.
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Plan de acción en Chocó busca frenar el deterioro
Ante la magnitud del desastre, se activó un Plan de Acción Específico (PAE) que busca atender de forma prioritaria a los damnificados. La meta es brindar soluciones rápidas a temas urgentes como albergues temporales, alimentación, servicios básicos y recuperación de vías.
Aunque se han anunciado recursos y estrategias desde el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, las comunidades siguen pidiendo una respuesta más rápida y eficaz. Muchos líderes sociales han alertado que, de no actuar con prontitud, podría generarse una emergencia de salud pública.
La situación en el occidente colombiano no solo requiere atención inmediata, sino un enfoque estructural a largo plazo. Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles en esta región del país, y las soluciones deben ir más allá de la atención coyuntural.
