La migración hacia otros países en busca de mejores oportunidades económicas es una realidad en muchas partes del mundo. Sin embargo, el caso del joven colombiano José Antonio Potes Cáez, de 27 años, quien buscó oportunidades en El Salvador y terminó en una megacárcel acusado de ser pandillero, ha llamado la atención en las últimas semanas.
Potes Cáez, oriundo de Río Frío (Valle del Cauca), decidió migrar hacia El Salvador para poder ayudar a su madre, Eliana Potes, a su pareja, Claudia Marcela García, y a su hijo de 4 años. Sin embargo, a su llegada fue detenido por los militares sin explicación alguna y llevado a una de las megacárceles construidas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Según Claudia Marcela, la pareja de Potes, lo acusaron de pertenecer a la «mara 18 Colombia» debido a un tatuaje en su pecho que lleva el nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento de su abuela. La madre del joven explicó que este era el único tatuaje que tenía y que su hijo no tenía antecedentes penales en Colombia.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad internacional debido a la falta de transparencia en el proceso de detención y acusación, así como a las condiciones de las megacárceles. Además, ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de protección de los derechos humanos de los migrantes y de garantizar la aplicación de la ley con justicia y transparencia.
Es importante seguir monitoreando el caso de José Antonio Potes Cáez y asegurarse de que se respeten sus derechos y se le brinde un juicio justo. También se deben implementar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
