Crisis humanitaria en el Catatumbo: 60 muertos y miles de desplazados por violencia del ELN
La situación en la región del Catatumbo, en el norte de Colombia, es cada vez más grave. La violencia del ELN ha causado una grave crisis humanitaria en el Catatumbo, con 60 muertos, miles de desplazados y secuestros. Este panorama alarmante ha sido documentado por la Defensoría del Pueblo, que sigue monitoreando la evolución de los hechos en la región.
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La violencia en Catatumbo ha escalado en las últimas semanas, afectando principalmente a los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre los fallecidos se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz, víctimas de violencia y estigmatización. Este panorama pone en riesgo no solo a los habitantes de esas zonas, sino también a la seguridad de toda la región.
Desplazamientos forzados y confinamientos en Catatumbo
Uno de los efectos más dramáticos de la violencia en el Catatumbo ha sido el desplazamiento forzado de miles de personas. Según la Defensoría del Pueblo, cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares debido a las amenazas y enfrentamientos entre grupos armados, principalmente el ELN. Las comunidades más afectadas están en Teorama, Tibú y Ábrego, donde se registran confinamientos y desplazamientos hacia Cúcuta y Ocaña.
En Cúcuta, cercana al conflicto, se han recibido cientos de desplazados, quienes están siendo censados por las autoridades locales. Las condiciones de vida en los albergues son precarias, y las familias afectadas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos. En Ocaña, 850 familias llegaron al coliseo, y en Tibú, más de 2,500 personas buscan refugio por los combates rurales.
La crisis también ha afectado a las comunidades indígenas y rurales. La Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander (Yupaojetaw) ha alertado sobre el riesgo de desplazamiento de varias comunidades en los municipios de San Pablo y Teorama, donde las tensiones siguen en aumento.
Secuestros y violaciones de derechos humanos en el Catatumbo
La violencia del ELN no solo se ha manifestado en los enfrentamientos armados, sino también en la práctica de secuestros y extorsiones. La Defensoría del Pueblo reportó que, entre el jueves pasado y la fecha, al menos 20 personas han sido secuestradas por grupos armados ilegales en la región. De estas, al menos 17 continúan en cautiverio, y entre las víctimas hay tres firmantes de paz que habían llegado a la región en busca de protección.
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Los secuestros no son el único crimen que ha aumentado en la zona. La zozobra y las amenazas de los grupos armados han obligado a las comunidades a suspender actividades económicas y educativas. La falta de acceso a servicios básicos como la alimentación y la educación ha agravado aún más la crisis humanitaria, dejando a miles de niños y adultos mayores sin protección.
La situación es aún más alarmante debido a la escasez de alimentos y suministros en varias de las zonas afectadas. Las comunidades indígenas, como la Bari Irocobingkayra, han tenido que desplazarse por completo debido a las amenazas y los enfrentamientos en sus territorios. Esta falta de recursos ha generado una crisis alimentaria que afecta a todos los sectores de la población, especialmente a los más vulnerables, como niños, mujeres gestantes y personas con discapacidad.
Respuesta del gobierno y la comunidad internacional
Ante este panorama, el gobierno colombiano ha desplegado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, donde el ministro de Defensa Iván Velásquez se reunió este domingo con las autoridades locales para coordinar la respuesta humanitaria. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha instado al gobierno nacional a garantizar la protección de los derechos humanos de la población afectada y a permitir el acceso de las autoridades a las zonas de conflicto para brindar asistencia.
Asimismo, la Cancillería de Colombia ha informado que se ha recibido información sobre la llegada de desplazados a Venezuela, específicamente a la región del Zulia, lo que añade una nueva dimensión al impacto de la crisis humanitaria. En este contexto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente a los grupos armados, especialmente al ELN, para que cesen los ataques contra la población civil y permitan el acceso de la ayuda humanitaria.
