Ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, Condenado a Prisión por Caso de Corrupción
En una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, a 259,5 meses de prisión por su papel como coautor penalmente responsable en un caso de contrato e incumplimiento de requisitos legales. La sentencia, que se dio a conocer en una audiencia virtual el 7 de febrero, deja al exmandatario sin la posibilidad de recibir casa por cárcel.
Condena De Ex Gobernador Relacionada con Convenio de Cooperación
La condena está vinculada a un convenio de cooperación realizado en enero de 2010 con la fundación ‘Calimío’. Este acuerdo tenía como objetivo dotar de libros a 40 bibliotecas escolares en diez municipios del Valle del Cauca, con un valor establecido en $1.072 millones de pesos. La Corte determinó que en las negociaciones se presentaron sobrecostos que permitieron a los representantes legales de la fundación y dos empresas apropiarse de recursos públicos.
Sanciones y Pago de Multas
Además de la pena de prisión, Juan Carlos Abadía deberá pagar una multa de $914 millones a favor del Ministerio de Justicia y del Derecho, y enfrentará la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas durante el tiempo de inhabilidad temporal. La Corte Suprema rechazó la suspensión incondicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, enfatizando la gravedad de los delitos cometidos.
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Puesta a Disposición Inmediata
La Corte ordenó la privación de la libertad de Abadía de manera inmediata, indicando que debe ser puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que cumpla su sentencia en un centro carcelario del país. Esta medida busca asegurar que el exgobernador inicie el cumplimiento de la sanción de manera pronta.
Sobrecostos y Conocimiento de Irregularidades
La investigación de la Corte concluyó que la fundación ‘Calimío’ realizó la adquisición de los libros a dos organizaciones, generando sobrecostos por los cuales los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro y de las dos empresas se apropiaron de recursos públicos. El tribunal también determinó que Abadía tenía conocimiento de las irregularidades que resultaron en sobrecostos superiores al 500%.
La sentencia contra Juan Carlos Abadía resalta la importancia de combatir la corrupción en todos los niveles gubernamentales y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo transparente de los recursos del Estado.
