Presuntas irregularidades en convenio para bienestar del adulto mayor
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Pueblo Rico, Risaralda, Leonardo Fabio Siagama, por presuntas irregularidades en un convenio destinado al funcionamiento del centro de bienestar del adulto mayor. Según el ente de control, el proceso no cumplió con los requisitos legales de contratación pública.
Falta de cumplimiento en la adjudicación del convenio
La Procuraduría estableció que el convenio, cuyo objetivo era garantizar el bienestar y asistencia integral de los adultos mayores en Pueblo Rico, habría sido adjudicado sin un proceso competitivo adecuado. La normatividad vigente exige que estos contratos se asignen a través de una selección rigurosa, asegurando la participación de múltiples oferentes y la mejor propuesta para el municipio.
No obstante, en este caso, no se adelantó dicho proceso, lo que podría significar una violación de los principios de transparencia y equidad en la contratación estatal. El Ente de control enfatizó que esta situación pudo haber afectado el impacto y la eficiencia del servicio prestado a los adultos mayores beneficiarios del convenio.
Desbalance en la distribución de recursos
Otro aspecto clave del proceso investigativo es la desproporción en la asignación de los recursos. La normatividad establece que los convenios de asociación entre el sector público y privado deben incluir una contraprestación económica equitativa por parte de la entidad privada. Esta debe representar al menos el 30 % del valor total del convenio.
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Sin embargo, en este caso, el municipio destinó cerca de $60 millones, mientras que el contratista solo aportó aproximadamente $6 millones, lo que representa una cantidad considerablemente menor a la exigida.
Según la Procuraduría, esta situación podría haber generado desequilibrios financieros en el proyecto y afectado la prestación del servicio, perjudicando así a la población adulta mayor beneficiaria.
Quebrantamiento del principio de moralidad
La formulación de cargos también se sustenta en que el exalcalde Leonardo Fabio Siagama habría vulnerado el principio de moralidad que rige la función pública. Este principio exige que los servidores estatales actúen con integridad y en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes.
Por esta razón, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave, a la espera de que avance el proceso disciplinario. De confirmarse su responsabilidad, el exmandatario podría enfrentar sanciones que incluyen inhabilitaciones para ocupar cargos públicos y sanciones económicas.
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Repercusiones del caso y siguiente etapa del proceso
Este proceso disciplinario refuerza la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación sobre la gestión de recursos públicos en municipios y departamentos. La entidad ha reiterado su compromiso con el control y la transparencia en la administración pública, buscando evitar la malversación de fondos y asegurar que los proyectos beneficien efectivamente a la comunidad.
El exalcalde Siagama tendrá la oportunidad de presentar su defensa y aportar pruebas en su favor durante el proceso disciplinario. Mientras tanto, la Procuraduría continuará con la evaluación del caso y determinará si existen más implicaciones legales derivadas de esta investigación.
