El pasado 11 de agosto, la Fiscalía General de la Nación tomó medidas drásticas contra dos individuos en Cali. Tras una investigación que reveló graves actos de maltrato animal. Miguel Ángel Parrado Amado y su hermana, Luisa María Parrado Amado, fueron judicializados por su presunta responsabilidad en varios delitos relacionados con la práctica veterinaria sin licencia y el maltrato hacia animales. Estos hechos han despertado la indignación de la comunidad y resaltan la necesidad de mayor regulación en el campo de la salud animal.

Procedimientos quirúrgicos sin licencia y negligencia médica

Según la investigación realizada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, Miguel Ángel Parrado se hacía pasar por veterinario, realizando procedimientos médicos y quirúrgicos improvisados que pusieron en peligro la vida de varios animales. La investigación reveló que entre mayo de 2020 y marzo de 2024, Parrado practicó al menos cuatro procedimientos en condiciones que no cumplían con las normas sanitarias, resultando en graves daños a los animales.

Uno de los casos más impactantes ocurrió el 30 de julio de 2021. Miguel Ángel Parrado, quien trabajaba en una clínica privada, fue llamado para atender una urgencia domiciliaria. Un cachorro llamado Thor presentaba supuestos síntomas de haber ingerido un objeto extraño. Sin embargo, el falso veterinario diagnosticó erróneamente al animal y, sin las medidas adecuadas de salubridad realizó una cirugía en la sala de la vivienda. Lamentablemente, esta intervención negligente resultó en la muerte del cachorro, generando un dolor irreparable para sus dueños.

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La complicidad de la hermana y la creación de una clínica ilegal

La participación de Luisa María Parrado Amado en estos actos no fue menos significativa. Según la Fiscalía, ella administraba la clínica veterinaria donde ocurrieron algunos de los procedimientos indebidos realizados por su hermano. La investigación reveló que Luisa María facilitaba estas prácticas, permitiendo que su hermano, sin la formación ni la licencia adecuada, llevara a cabo cirugías.

Un segundo incidente reportado el 3 de marzo de 2024, involucró a una gata llamada Arkana, que fue llevada a la clínica con una fractura en una pata. En lugar de utilizar materiales médicos adecuados, Miguel Ángel Parrado recurrió a una broca metálica de construcción para intentar reparar el hueso fracturado. Este procedimiento causó daños irreversibles en los tejidos y tendones de la felina, lo que llevó a la amputación de su extremidad. Este caso, al igual que otros reportados, evidencia la gravedad de las acciones de estos individuos y subraya la necesidad de sanciones severas.

Responsabilidad legal y el compromiso veterinario en la lucha contra el maltrato animal

La Fiscalía General de la Nación ya había imputado cargos a Miguel Ángel Parrado Amado en marzo de 2024 por falsedad en documento público, al haber ejercido como veterinario sin contar con los estudios necesarios, ni la certificación. Estos nuevos cargos por maltrato animal agravan su situación legal y la de su hermana, quienes ahora enfrentan un proceso judicial.

Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia y control en el ejercicio de profesiones relacionadas con la salud y el bienestar animal. La falta de regulación y la permisividad ante la práctica ilegal de la veterinaria no solo ponen en riesgo la vida de los animales, sino que también vulneran la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de proteger a los más indefensos.

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El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) reafirma su compromiso en la lucha contra el maltrato animal y destaca la importancia de que los ciudadanos denuncien cualquier acto de negligencia. El bienestar animal es una responsabilidad compartida, y casos como el de los hermanos Parrado Amado deben servir como un recordatorio de la necesidad de mayor supervisión y sanciones para los que violen la ley.