La fuga masiva ocurrida recientemente en un centro juvenil colombiano ha vuelto a encender el debate sobre las condiciones de seguridad, supervisión y respuesta institucional ante situaciones de riesgo. Aunque no es la primera vez que se presenta una situación similar, la reincidencia y los detalles del escape han generado una fuerte reacción pública y política.
Fuga en centro juvenil tras ataque a tutores
El hecho tuvo lugar en el Centro de Reeducación Marceliano Ossa, ubicado en Pereira, Risaralda. Allí, trece jóvenes que ya habían alcanzado la mayoría de edad lograron escapar tras intimidar a dos tutores. Según las autoridades, utilizaron objetos contundentes para amedrentarlos, quitarles las llaves y salir del lugar sin causar daños materiales graves.
El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que se trata del mismo grupo que protagonizó una fuga en marzo del presente año. En ese entonces, también lograron huir y fueron recapturados días después.
Autoridades intensifican búsqueda tras escape colectivo
Desde el momento del escape, las autoridades desplegaron un operativo de localización, concentrando esfuerzos en sectores rurales cercanos como Cerritos. Hasta el momento, los 13 jóvenes siguen prófugos.
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Según el funcionario, los jóvenes permanecían en un patio especial del centro debido a que, aunque ingresaron siendo menores de edad, ya habían cumplido la mayoría. Esta condición genera vacíos normativos sobre su permanencia y manejo en instituciones diseñadas para adolescentes.
Centro juvenil aún sin medidas tras la fuga
Tras la fuga anterior en marzo, un juzgado exhortó al Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a realizar un estudio de viabilidad para fortalecer la infraestructura y seguridad del centro. No obstante, hasta ahora, las recomendaciones siguen sin ejecutarse.
Londoño expresó que los procesos de contratación en el Estado son complejos, lo cual ha dificultado la implementación de medidas. También señaló que ha conversado con la directora regional del ICBF y el operador del centro para coordinar soluciones.
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Promesas de inversión siguen sin cumplirse
En marzo, el gobernador Juan Diego Patiño anunció que se destinarían alrededor de 100 millones de pesos para mejorar las condiciones del centro. Incluso planteó la posibilidad de mantener presencia policial permanente en el lugar. Sin embargo, al cierre de esta nota no se ha concretado ninguna de las promesas anunciadas.
El secretario de Gobierno confirmó que aún no ha recibido el informe de infraestructura necesario para avanzar en obras. Esta falta de acción ha provocado nuevas críticas sobre la gestión del centro y la respuesta institucional.
