Legalización de la captura del menor Miguel Uribe marca la agenda judicial en Colombia, revelando impactantes detalles sobre el atentado ocurrido en Bogotá.
Legalización captura menor Miguel Uribe: pruebas de Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación presentó contundente evidencia durante la audiencia reservada que se realizó pasada la medianoche. Entre los elementos destacados, figuran el testimonio inmediato de la víctima, múltiples declaraciones de testigos presenciales y la incautación de una pistola Glock 9 mm. Todo ello validó la flagrancia en cumplimiento del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal.
Videos y evidencia clave del atentado
El abogado penalista Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, reveló la existencia de 129 grabaciones obtenidas de asistentes y cámaras de seguridad. Estas imágenes capturan momentos cruciales del mitin realizado en el parque ‘El Golfito’, fortaleciendo la acusación por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
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Videos y evidencia clave del atentado
Durante la audiencia se leyó una declaración del menor, en la que confesó haber atentado contra Miguel Uribe Turbay a cambio de una compensación económica: «Lo hice por plata para mi familia». Este registro audiovisual fue obtenido por agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional.
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Red criminal detrás del ataque
Los análisis de los videos sugieren que el joven no actuó solo. Al menos tres personas más habrían participado, abriendo la hipótesis de una red criminal detrás del intento de magnicidio. Estos indicios impulsan nuevas diligencias judiciales en búsqueda de todos los responsables.
Estado de salud de Miguel Uribe Turbay
El senador y precandidato presidencial permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica especializada. La evolución de su estado de salud mantiene en vilo a todo el país, pendiente de nuevas actualizaciones sobre su recuperación.
Instituciones en el proceso judicial
La audiencia contó con la participación de la Defensoría del Pueblo y familiares del menor implicado. Las autoridades buscan garantizar el debido proceso mientras continúa la investigación, la cual promete esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la cadena de responsabilidades.
