Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, luego de que un juez revocara la detención domiciliaria que cumplía desde el pasado 2 de octubre. La decisión se conoció el viernes 30 de octubre de 2026.
El procesado enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva). La Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Miguel Quintero en la cárcel de Cómbita por decisión judicial
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolvió en segunda instancia modificar la medida de aseguramiento que había recibido Quintero Calle a comienzos de octubre.
La decisión respondió a los recursos presentados contra la detención domiciliaria, pues la Fiscalía y los representantes de las víctimas consideraban necesario que el procesado permaneciera en un establecimiento penitenciario.
De esta manera, el juez ordenó su reclusión en una cárcel mientras continúa el proceso penal. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que cumpliría la medida en el establecimiento El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.
El procedimiento para hacer efectiva la orden comenzó en una propiedad rural de Copacabana, Antioquia, donde Quintero permanecía bajo detención domiciliaria.
Funcionarios del Inpec y uniformados de la Policía Nacional participaron en el dispositivo de seguridad dispuesto para su traslado.
De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, el vehículo utilizado para recoger al investigado ingresó a la propiedad y permaneció allí aproximadamente 15 minutos.
Posteriormente, Quintero fue conducido bajo custodia para continuar su desplazamiento hacia el establecimiento penitenciario.
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Investigan contratos por más de $17.600 millones
El expediente judicial está relacionado con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Los negocios investigados alcanzan un valor conjunto de $17.656 millones. La Fiscalía busca establecer si existió un direccionamiento irregular de esos recursos y si determinadas personas obtuvieron beneficios económicos indebidos.
Según la hipótesis del ente acusador, Miguel Quintero habría intervenido en decisiones contractuales pese a no desempeñar formalmente un cargo dentro de la entidad.
La investigación sostiene que esa presunta participación se habría desarrollado mediante contactos personales, comunicaciones y la intervención de terceros.
El juez de segunda instancia tuvo en cuenta que las actuaciones atribuidas al procesado no requerían necesariamente su presencia física en las instalaciones de la entidad.
Por eso, el despacho consideró procedente modificar el lugar donde debía permanecer privado de la libertad durante el proceso.
La Fiscalía también investiga un presunto detrimento patrimonial de aproximadamente $2.481 millones relacionado con los contratos cuestionados.
Quintero Calle no aceptó los cargos imputados. En consecuencia, las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial y no constituyen una declaración de culpabilidad.
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Reacciones por el envío de Miguel Quintero a prisión
La decisión provocó pronunciamientos de dirigentes políticos de Medellín, entre ellos el exalcalde Daniel Quintero y el actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez.
Daniel Quintero manifestó públicamente su respaldo a su hermano y cuestionó la forma en que, según su versión, se habrían obtenido elementos probatorios dentro del proceso.
El exmandatario expresó su confianza en que la justicia esclarezca lo ocurrido y sostuvo que existen pruebas para cuestionar actuaciones relacionadas con la investigación.
Por su parte, Federico Gutiérrez celebró la decisión judicial y formuló señalamientos contra integrantes de la anterior administración municipal.
Esas declaraciones corresponden a posiciones políticas de los mandatarios y no sustituyen las determinaciones de los jueces ni las pruebas que deben examinarse durante el proceso penal.
Con Miguel Quintero en la cárcel de Cómbita, la investigación continúa su curso. La medida de aseguramiento busca garantizar los fines del proceso judicial, pero no equivale a una condena.
Hasta el momento, la decisión conocida modifica las condiciones de reclusión del investigado. Su responsabilidad penal deberá establecerse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.
