Marla Gutiérrez, una joven activista barranquillera, logró que el juzgado administrativo de Atlántico, ordenara a Duque retirar la placa instalada en el túnel de la línea. Le dieron plazo de 30 días para ejecutar dicha orden.
Gutiérrez manifestó que al instalarla, la obra se incurrió en un acto contrario a la ley, al promover la participación de funcionarios en obras públicas.
Al ver que su solicitud no fue escuchada, la joven abogada realizó una acción de cumplimiento ante el juzgado administrativo del Atlántico. Este falló a su favor y se dio la orden de retirar la placa.
Invías pidió al Consejo de Estado que estudie esta decisión, ahora será ese cuerpo el que decida si la placa se va o se queda.
