Fiscalía deberá investigar a Lucho Herrera por desaparición forzada
Las acusaciones contra el exciclista Lucho Herrera por desaparición forzada en 2002 han reavivado un caso que involucra testimonios de tres exparamilitares. La reciente condena de uno de ellos ha llevado a la justicia a pedir que se investigue formalmente su presunta participación.
El 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá condenó al exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias “Ojitos”, a 22 años y medio de prisión. La sentencia se relaciona con la desaparición forzada de cuatro hombres ocurrida en 2002 en las veredas Piamonte y La Aguadita.
Lo que ha generado conmoción es que Gómez implicó directamente al reconocido exciclista colombiano Lucho Herrera en estos hechos. Según él, el excampeón de ciclismo habría solicitado el asesinato de los hombres, señalándolos falsamente como milicianos.
Testimonios revelan presunto vínculo de Herrera con paramilitares
En declaraciones judiciales, alias “Ojitos” aseguró que Herrera se reunió con cabecillas de las Autodefensas Campesinas del Casanare. En ese encuentro, según el testigo, el exciclista habría solicitado “limpiar” la zona de presuntos milicianos que lo querían secuestrar.
“Lucho Herrera nos entregó 40 millones de pesos para armas y motos. Luego nos dio fotos de cuatro personas que supuestamente eran milicianos”, relató Gómez. Afirmó que esas personas vivían cerca de la finca del exciclista, ubicada en la vereda La Aguadita, y que fueron ejecutadas y enterradas allí.
Estos hechos, según Gómez, fueron autorizados por alias “Martín Llanos”, máximo líder de esa estructura paramilitar. Además, otros dos exparamilitares confirmaron su versión: Héctor Díaz Gaitán, alias “Camargo”, y Óscar Huertas, alias “Menudencias”.
“Nos hicimos pasar por miembros del DAS, los recogimos y los matamos. Luego los enterramos en una finca en la vía Novilleros–Aguadita”, detalló Díaz Gaitán en su testimonio. Su versión también incluye una camioneta Toyota Hilux y el uso de uniformes falsos.
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Detalles macabros y contradicciones en el caso
Lo más impactante de los relatos no solo es la crudeza de los hechos. Gómez y los otros dos testigos relataron cómo los cuerpos fueron descuartizados y enterrados en dos fosas pequeñas.
“Los degollamos y luego los partimos en seis partes: cabeza, brazos, piernas y tronco. Hicimos dos huecos de 50×50 cm, a metro y medio de profundidad,” señaló Huertas.
Sin embargo, el relato más grave fue entregado por Gómez en octubre de 2022. En esa declaración, aseguró que las víctimas no eran milicianos, sino campesinos que se negaron a venderle sus tierras a Lucho Herrera.
“Después se supo que no eran de la guerrilla. Lo que él quería era quedarse con esas tierras. Las familias siguen viviendo en Fusagasugá,” agregó el exparamilitar.
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Juez ordena compulsar copias a la Fiscalía contra Lucho Herrera
Ante la gravedad de las declaraciones, el juez que condenó a Gómez ordenó compulsar copias ante la Fiscalía para que investigue a Lucho Herrera. El objetivo es determinar si el exciclista tuvo participación en delitos como desaparición forzada y homicidio agravado.
La resolución indica que se debe indagar “la presunta participación en conductas punibles de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo con homicidio agravado.”
Por ahora, Herrera no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra. Tampoco se ha confirmado si la Fiscalía ya ha iniciado una investigación formal.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El proceso podría escalar a nivel nacional si se encuentran elementos suficientes que vinculen a Herrera con el crimen. La Fiscalía deberá valorar la credibilidad de los exparamilitares, las pruebas documentales, y verificar si los hechos relatados coinciden con registros forenses o testimonios adicionales.
Este caso revive los vínculos entre paramilitarismo y figuras públicas en Colombia. La veracidad de los testimonios será clave para establecer si Lucho Herrera incurrió en crímenes de lesa humanidad o si es víctima de un montaje judicial.
Las familias de las víctimas siguen esperando justicia. Desde hace más de dos décadas, no han obtenido respuestas claras sobre la desaparición de sus seres queridos.
