Risaralda Avanza: Implementación Pionera de las Reformas Ley 1952 y 2094 del 2021
En un paso adelante hacia la justicia y transparencia administrativa, Risaralda ha adoptado y dado inicio a las reformas de la Ley 152, garantizando un debido proceso para los funcionarios en investigaciones disciplinarias.
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La Gobernación de Risaralda destaca como uno de los primeros entes territoriales colombianos en implementar la Ley 1952 del 2019, reformada posteriormente en 2021 con la Ley 2094. Siguiendo las directrices del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, Risaralda se posiciona a la vanguardia de la normativa nacional.
Nancy Guzmán López, directora administrativa de control disciplinario con funciones de juzgamiento del Departamento de Risaralda, manifestó: «Risaralda es uno de los pocos departamentos que están cumpliendo la ley. Nos dimos a la tarea de cumplir la ley”.
Doble garantía en procesos disciplinarios: una separación necesaria
La reciente reforma atiende directamente una necesidad palpable. Antes, un único funcionario instruía y juzgaba en las actuaciones disciplinarias. Pero, buscando mayor justicia y transparencia, ahora dos funcionarios asumen estos roles: uno instruye y el otro juzga.
La Corte Interamericana impulsó este cambio al criticar el carácter inquisitivo del proceso disciplinario colombiano. «Ya no es el mismo funcionario quien investiga y formula los cargos», señala con claridad Nancy Guzmán López. Este ajuste nos lleva hacia un modelo similar al sistema acusatorio, equilibrando así el proceso.
Nancy Guzmán López refuerza el compromiso de Risaralda: “Tras reunirnos con el Gobernador y exponer los requerimientos normativos, él rápidamente nos autorizó para adaptarnos a la Ley y ofrecer las garantías necesarias a los funcionarios”.
Risaralda toma la delantera: rápida adaptación y compromiso con la integridad disciplinaria
Todos los operadores disciplinarios del país deben acatar esta reforma. Sin embargo, Risaralda no solo la ha acatado, sino que ha tomado la iniciativa en su implementación. Después de la reestructuración en junio de 2021 con la Ley 2094, las entidades estatales recibieron un plazo de nueve meses para reorganizar sus oficinas de control disciplinario. Antes de finalizar noviembre de 2021, Risaralda ya había lanzado un decreto, determinando que a partir del 29 de marzo de 2022, la oficina disciplinaria tendría dos directores: uno para instruir y otro para juzgar.
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La directora Guzmán López enfatizó: «Nuestro Gobernador se compromete a respetar la Ley. Estamos hablando de alrededor de 400 funcionarios en el sector central listos para ser investigados, incluyendo a educadores en municipios no certificados; y es nuestra responsabilidad llevar a cabo esas investigaciones».
Risaralda muestra con este paso su firme compromiso de proteger los derechos de sus funcionarios, evidenciando una dedicación a una administración transparente y justa. Estas reformas reflejan la responsabilidad y la determinación del departamento hacia la justicia e integridad.
