Bajos precios y falta de apoyo gubernamental mantienen la protesta
El paro arrocero en Colombia, iniciado el pasado 3 de marzo, se intensifica con bloqueos en Tolima, Huila, Sucre y Meta. Los productores exigen soluciones ante la caída de los precios y la falta de incentivos del Gobierno. Comerciantes de Florencia, Caquetá, ya reportan desabastecimiento de productos básicos, mientras que los transportadores alertan una reducción del 40 % en la operación de terminales terrestres.
Productores trabajan a pérdida por costos elevados
Los arroceros afirman que el precio de venta del arroz paddy verde es de $185.000 por carga, pero los costos de producción superan los $210.000, generando una pérdida de $35.000 por unidad.
«Los costos de insumos, agua y otros factores han subido considerablemente, haciendo que el negocio deje de ser rentable», declaró Luis Hernando Díaz, productor en Saldaña, Tolima.
A esto se suma la falta de regulación en las siembras y la eliminación del incentivo al almacenamiento, medida que permitía estabilizar los precios del cereal. Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, advirtió que la desaparición de este mecanismo ha dejado a los productores sin protección frente a la volatilidad del mercado. «El precio actual no alcanza a cubrir los costos de producción, entonces están perdiendo dinero», enfatizó.
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Importaciones y tratados comerciales profundizan la crisis
El arroz importado desde Estados Unidos, Ecuador y Perú también ha afectado a los agricultores colombianos. En estos países, los productores reciben subsidios, lo que les permite vender el cereal a precios más bajos en el mercado nacional.
«Hay tratados de libre comercio que han generado una sobreoferta en el mercado local», explicó Díaz. Los arroceros han solicitado establecer salvaguardas comerciales para proteger la producción nacional, similar a lo aplicado en el sector del acero. Sin embargo, el Gobierno ha indicado que este tema debe ser revisado en futuras mesas de negociación.
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Exigen precio mínimo y regulación del mercado
Los productores insisten en fijar un precio mínimo para evitar pérdidas. «No pedimos ganancias extraordinarias, pero al menos que no sigamos perdiendo», afirmó Díaz. Actualmente, los precios son determinados por grandes molinos como Diana Corporación, Organización Rueda Florhuila y Molino Sonora, sin regulación estatal.
El Gobierno nacional ha anunciado próximas negociaciones para buscar soluciones concretas. Entretanto, el país enfrenta el riesgo de desabastecimiento en varios municipios, lo que podría afectar directamente a los consumidores y a toda la cadena agroindustrial.