En una decisión de alto impacto institucional, el Gobierno nacional declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia mediante el Decreto 1390, argumentando una imposibilidad material y jurídica para garantizar derechos fundamentales y cumplir obligaciones fiscales inmediatas.
La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 30 días, periodo durante el cual el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley orientados a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos sobre la economía y la estabilidad del Estado.
Alcance de la emergencia económica y vigencia del decreto
El decreto establece que, durante el estado de excepción, el Gobierno podrá adoptar medidas extraordinarias para atender desequilibrios fiscales, garantizar el funcionamiento del Estado y responder a compromisos legales que actualmente no cuentan con respaldo presupuestal suficiente.
De acuerdo con el documento oficial, estas decisiones se sustentan en el marco constitucional que permite activar mecanismos excepcionales cuando se presentan circunstancias sobrevinientes que afectan gravemente el orden económico y social del país.
Crisis fiscal y razones que sustentan la medida
Según lo expuesto por el Ejecutivo, el detonante principal de la emergencia es una coyuntura fiscal crítica, agravada por la no aprobación en el Congreso de los proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026, los cuales buscaban recaudar aproximadamente $12 billones y $16,3 billones, respectivamente.
La ausencia de estos recursos ha generado un déficit que, según el Ministerio de Hacienda, impide cumplir obligaciones legales, contractuales y judiciales de carácter inmediato, afectando sectores estratégicos del Estado.
Uno de los puntos más sensibles señalados en el decreto es el cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con el contributivo. Para la vigencia 2026, esta obligación demandaría recursos adicionales cercanos a $3,3 billones, actualmente no contemplados en el presupuesto nacional.
Mientras el Gobierno activa medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia económica, en otros territorios del país persisten hechos que evidencian los riesgos en la movilidad. En un caso distinto ocurrido recientemente, Grave choque dejó un bus en un abismo, generando una emergencia vial que movilizó a los organismos de socorro.
Seguridad, elecciones y presión sobre el gasto público
El documento también advierte que el incremento de acciones de grupos armados ilegales, incluyendo el uso de tecnologías como drones contra la Fuerza Pública, ha desbordado la capacidad financiera ordinaria del Estado en materia de seguridad.
A esto se suma la necesidad de garantizar esquemas de protección a candidatos y actores del proceso electoral próximo, lo que implica una inversión adicional estimada en al menos $1 billón, según lo indicado por el Ministerio de Defensa.
Estas circunstancias, señala el Gobierno, configuran un escenario excepcional que compromete la estabilidad institucional y exige respuestas inmediatas.
En medio de este escenario institucional, otros hechos mantienen en alerta a las autoridades en diferentes regiones del país. En un caso ajeno a la coyuntura económica, Intento de agresión extrema sacude a Caldas, situación que generó intervención inmediata y activó protocolos de seguridad.
Facultades extraordinarias y medidas económicas
Con la declaratoria vigente, el Ejecutivo queda facultado para crear nuevos impuestos o modificar de forma transitoria los existentes, siempre dentro del marco constitucional y con el objetivo de atender la crisis fiscal.
Las medidas tributarias estarían dirigidas principalmente a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, mediante impuestos directos e indirectos que permitan fortalecer el recaudo en el corto plazo.
Asimismo, el Gobierno podrá expedir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, tal como lo establece el propio decreto.
Alcance de la emergencia económica y vigencia del decreto
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la firma del decreto y explicó que la emergencia responde a riesgos económicos estructurales derivados del incumplimiento de compromisos financieros del Estado.
“Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda. Si no se paga, crece el riesgo ante los bancos internacionales, suben los bonos y se afectan proyectos estratégicos de infraestructura”, afirmó el funcionario.
