Las calles de varias ciudades del país podrían convertirse en escenario de nuevas manifestaciones tras la Suspensión del salario 2026, decisión adoptada por el Consejo de Estado frente al decreto que fijaba un aumento del 23 % al salario mínimo. La determinación judicial abrió un debate nacional sobre el impacto económico y social de la medida.
Suspensión del salario 2026 genera reacciones políticas y sindicales
Diversas figuras públicas, entre ellas dirigentes políticos y organizaciones sindicales, convocaron movilizaciones en defensa del incremento decretado por el Gobierno. El precandidato presidencial Roy Barreras llamó a una jornada nacional para rechazar la decisión del alto tribunal y respaldar el aumento anunciado.
“Es una afrenta, es insensible. No puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna. Yo convoco a los colombianos a movilizarse”, afirmó Barreras.
En la misma línea, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitó al presidente Gustavo Petro que expida un nuevo decreto bajo las mismas condiciones del que fue suspendido. Según la organización, el jefe de Estado cuenta con facultades constitucionales para adoptar esa decisión.
Atención!
— Roy Barreras (@RoyBarreras) February 13, 2026
TODOS A LAS PLAZAS.
Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de colombia. pic.twitter.com/OGQmbwqxFP
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Gobierno anuncia defensa jurídica tras Suspensión del salario 2026
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo utilizará los recursos legales disponibles para sustentar técnicamente el incremento. El funcionario sostuvo que el Gobierno aún se encontraba dentro del plazo otorgado por el Consejo de Estado para presentar explicaciones sobre los argumentos económicos del ajuste.
“Vamos a revisarlos en detalle y tomaremos las decisiones del paso a seguir para defender el salario vital de los trabajadores”, señaló el Ministro en entrevista con Blu Radio.
Sanguino también expresó su inconformidad por la decisión anticipada del alto tribunal, al considerar que el Ejecutivo tenía hasta el 24 de febrero para responder formalmente.
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Contexto institucional y escenario nacional
La decisión del Consejo de Estado se produjo en el marco del control de legalidad sobre el decreto expedido por el Gobierno nacional. Mientras tanto, sindicatos y sectores políticos mantienen el llamado a movilización en diferentes capitales del país, a la espera de nuevos pronunciamientos oficiales.
La situación mantiene en expectativa a trabajadores, empleadores y gremios económicos, en medio de un debate que combina argumentos jurídicos, técnicos y sociales.
