Hospital del Valle desmiente a Petro públicamente

Gerencia responde declaraciones presidenciales en Cali

El Hospital del Valle desmiente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, luego de que calificara a la institución como un supuesto “centro de esclavitud” tras la visita oficial de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección al centro asistencial ubicado en el sur de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Las afirmaciones del mandatario se produjeron después de que la funcionaria expusiera presuntas irregularidades en el modelo de vinculación laboral y señalara posibles desigualdades en las condiciones de trabajo dentro del hospital. Frente a ese escenario, la administración entregó cifras y argumentos para controvertir los señalamientos.

Fachada del Hospital Universitario del Valle en el sur de Cali, centro asistencial que respondió a declaraciones presidenciales.
Instalaciones del Hospital Universitario del Valle tras pronunciamiento oficial de su administración. Foto tomada de redes sociales.

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Hospital del Valle desmiente cifras divulgadas

En entrevista con un medio radial, Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, rechazó de manera enfática las declaraciones y las calificó como “desafortunadas”, “prematuras” y “discriminatorias” frente al talento humano que, según afirmó, sostiene la atención médica en medio de la crisis estructural del sistema de salud.

“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un personal que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, expresó el gerente.

La controversia surgió tras la inspección liderada por la viceministra Sandra Milena Muñoz, quien aseguró que cerca del 90 % del personal estaría vinculado bajo la figura de contrato sindical. Según lo expuesto por la funcionaria, alrededor de 4.000 trabajadores prestarían sus servicios mediante esa modalidad, frente a aproximadamente 260 con contratación directa.

De acuerdo con los datos entregados por la gerencia, 3.078 personas están vinculadas a través de agremiaciones sindicales autorizadas por el Ministerio de Trabajo, mientras que 475 trabajadores pertenecen a la planta oficial. El resto corresponde a empleados contratados por empresas externas que prestan servicios de aseo y vigilancia.

Irne Torres durante declaraciones a medio radial sobre el modelo de vinculación laboral del hospital en el sur de Cali.
Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, respondió a los señalamientos tras la inspección laboral realizada en Cali. Foto tomada de redes sociales.

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Inspección laboral y contexto financiero institucional

Torres sostuvo que las cifras divulgadas no reflejan la realidad actual y defendió la legalidad del modelo adoptado por la institución. Además, subrayó que las agremiaciones sindicales que operan en el hospital cuentan con aval del Ministerio de Trabajo.

“No se puede deslegitimar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, afirmó, al tiempo que aseguró no haber recibido un informe oficial con conclusiones definitivas derivadas de la inspección preliminar.

Otro de los puntos expuestos por el Gobierno es la presunta brecha salarial entre quienes están en planta y aquellos vinculados por contrato sindical. Según la información presentada por la viceministra, existirían diferencias en los ingresos mensuales entre ambas modalidades.

Frente a este aspecto, el gerente reconoció que existen diferencias contractuales, comparables a las que se presentan en otras entidades públicas entre cargos de planta y prestación de servicios. No obstante, explicó que el hospital no fija directamente la remuneración de los trabajadores vinculados mediante agremiaciones, ya que estas organizaciones determinan la compensación de manera autónoma tras los procesos de contratación.

Hospital del Valle desmiente señalamientos de ilegalidad

El gerente también contextualizó la situación financiera de la institución, recordando que se encuentra acogida a la Ley 550, mecanismo que restringe la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar figuras contractuales disponibles para garantizar la continuidad en la prestación de servicios.

A ello se suma la dependencia de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados, ingresos que —según indicó— actualmente no superan el 50 % de lo facturado.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Trabajo se anunció la emisión de una medida preventiva para evitar posibles represalias contra trabajadores que entregaron testimonios durante la inspección. La cartera laboral también señaló que continuará el proceso de verificación sobre jornadas, condiciones contractuales y aspectos de seguridad ocupacional.

Redacción El Norte Hoy

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