Fin de la Paz Total fue la decisión confirmada por el gobierno de Abelardo De La Espriella al cerrar las mesas de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración de Gustavo Petro.
Fin de la Paz Total alcanza diálogos
El Ejecutivo sostuvo que estos procesos no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia. La determinación comprende negociaciones con el ELN, disidencias de las Farc y diferentes estructuras criminales.
“Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, señaló el Gobierno.
Entre los procesos que llegan a su fin está la mesa con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, disidencia de las Farc cuyo cabecilla es alias Calarcá. También aparece la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza.
La decisión incluye las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN comandada por alias HH. Según la información suministrada, esta estructura supuestamente había mostrado voluntad de avanzar hacia la paz y entregó 585 artefactos explosivos para su destrucción.
A esa lista se suma la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encontraba suspendida desde enero de 2025.
Con esta determinación terminan los principales espacios de diálogo instalados durante el gobierno de Petro como parte de su apuesta por negociar simultáneamente con distintos grupos ilegales.
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Bandas criminales también quedan incluidas
El cambio también comprende los espacios sociojurídicos establecidos con bandas criminales. Uno de ellos corresponde a la conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
En Buenaventura finalizan los espacios con Los Espartanos y Los Shottas. La Presidencia también puso fin a las negociaciones con el Clan del Golfo, que se hacía llamar ‘Ejército Gaitanista de Colombia’.
En Chocó se cerró el diálogo con Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS. En Antioquia ocurrió lo mismo con alrededor de 17 bandas que operan en Medellín.
Entre las estructuras que participaron en esas negociaciones estaban ‘La Oficina’, señalada en la información suministrada como la banda más grande de la zona y articuladora de otras organizaciones; ‘Los Chatas’, fuertes en Bello; además de ‘El Mesa’ y ‘Los Triana’, junto con otras bandas distribuidas por el Valle de Aburrá.
El Gobierno igualmente anunció el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, Putumayo, otro mecanismo heredado de la política de negociación de la administración anterior.
La nueva administración justificó su decisión bajo la premisa de no mantener espacios institucionales que, según el Ejecutivo, puedan ser utilizados por grupos armados para prolongar sus actividades criminales, obtener beneficios procesales o evadir la justicia.
Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señalaron, en un análisis realizado al final del gobierno Petro, que la Paz Total presentó falencias en sus tres ejes principales.
Según ese análisis, las violencias no desescalaron, las transformaciones territoriales no saldaron la deuda histórica del Estado y el tránsito a la vida civil de integrantes de grupos ilegales no pudo concretarse debido a la falta de caminos legales claros.
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Fin de la Paz Total abre otra vía
El Gobierno sostuvo que las estructuras que realmente quieran abandonar las armas tendrán ahora como camino el sometimiento a la justicia.
“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”, señaló el Ejecutivo.
Hasta ahora, la banda delincuencial “Los Pepes”, que opera en Barranquilla, sería la primera en manifestar una supuesta voluntad de someterse a la justicia, contar la verdad y reparar a las víctimas.
De concretarse, sería el primer grupo criminal en avanzar en un proceso de sometimiento durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Los integrantes de esa estructura también manifestaron, según una carta conocida por El Tiempo, su disposición a servir como mediadores con otros grupos armados ilegales.
Mientras tanto, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra cabecillas como alias Calarcá, Walter Mendoza y Araña.
