Lina María Barco Rodríguez, alcaldesa de Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra en el ojo de la tormenta, enfrentando cargos por parte de La Procuraduría General de la Nación. Según la entidad oficial, la mandataria presuntamente pasó por alto el compromiso de suscribir un convenio interadministrativo en el año 2022, que permitiría destinar recursos a la atención de personas bajo detención preventiva o condenadas. Durante el medio día de hoy, la mandataria se pronunció a través de un comunicado oficial en el cual hace claridad a la situación.
Detalles de la Acusación
La acusación fue formulada por la Provincial de Instrucción de Cartago, que sostiene que la mandataria local no cumplió con su obligación de establecer un acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC). Este desacato es especialmente grave considerando que Ansermanuevo carece de un centro carcelario propio.
La falta de un centro carcelario en el municipio hace necesaria la cooperación con estas entidades nacionales para garantizar el adecuado manejo de los detenidos preventivos y condenados, un deber que la alcaldesa Barco Rodríguez parece haber descuidado.
Posible Descuido de Obligaciones
El Ministerio Público alega que Barco Rodríguez podría no haber considerado la necesidad de colaborar en áreas humanas, administrativas, jurídicas, tecnológicas y logísticas con las entidades mencionadas. Esta supuesta negligencia podría interpretarse como un incumplimiento de su deber funcional de conservar el orden público, una función clave en cualquier administración municipal.
Este incidente pone de relieve la importancia de la cooperación entre diferentes niveles de gobierno y entidades administrativas. Se debe tener muy clara la prioridad de mantener la ley y el orden, especialmente en áreas que carecen de infraestructura penitenciaria propia.
Posible Infracción del Principio de Moralidad
Además de los posibles descuidos en las obligaciones de su cargo. La entidad alega que la alcaldesa también podría haber infringido el principio de moralidad, una acusación grave en cualquier funcionario público. La Procuraduría General de la Nación ha calificado de manera provisional la presunta conducta de la alcaldesa como falta grave a título de culpa gravísima.
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