En una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación en Colombia, se ha descubierto una red narcotraficante dedicada a enviar toneladas de clorhidrato de cocaína desde las costas del Pacífico colombiano a países de Centroamérica y Estados Unidos.
La organización criminal tendría el control de la producción del estupefaciente y estaría vinculada a una serie de incautaciones realizadas en ocho interdicciones marítimas realizadas en el Océano Pacífico entre 2019 y 2022, donde se incautaron más de 12 toneladas de cocaína.
La organización disponía de laboratorios propios para el procesamiento de la sustancia ilícita en El Charco (Nariño), y Puerto Saija y Timbiquí (Cauca). Según las autoridades, los narcotraficantes adquirían directamente los insumos químicos para sostener la producción ilegal y construían semisumergibles para mover los cargamentos.
En una operación realizada de manera conjunta entre el CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA, fueron capturadas 12 personas que harían parte del grupo narcotraficante.
Entre ellas, cinco integrantes de una misma familia que son pedidos en extradición por una Corte del Distrito Sur de La Florida por cargos relacionados con narcotráfico.
De los notificados del requerimiento internacional, tres fueron ubicados en Tuluá y Cali (Valle del Cauca), mientras que en Nueva York fueron localizados Jairo y Tulio Peña Enríquez, este último concejal de El Charco (Nariño). Se estableció que Aleido Peña Enríquez, también capturado, sería el cabecilla de la red ilegal.
Entre los procesados también se encuentra una mujer señalada de financiar la actividad ilegal y seis hombres que, presuntamente, articulaban la logística, la producción de la cocaína y el transporte de los alijos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez de control de garantía a las otras siete personas que apoyarían las actividades ilícitas de los Peña Enríquez, y les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; y uso, construcción y/o tenencia de semisumergibles agravado. Los acusados no aceptaron los cargos y fueron privados de la libertad en centro carcelario.
Cabe destacar que Aleido Peña Enríquez, el cabecilla de la organización, fue capturado en 2019 por tráfico de estupefacientes y, posteriormente, se postuló a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue aceptado. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos tienen indicios de que habría continuado vinculado a las actividades delictivas.
