Un grupo de 24 condenados de la cárcel La Picota en Bogotá ha enviado una carta al fiscal Francisco Barbosa, denunciando que abogados les han exigido dinero para poder ingresar al programa de ‘paz total’ del gobierno. Los condenados aseguran haber sido asaltados en su buena fe, y que han entregado grandes cantidades de dinero a los abogados para poder acceder al programa que busca reducir las tasas de criminalidad y promover la reintegración de los condenados a la sociedad.
Este hecho se produce en medio de las sospechas de la controvertida injerencia de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en el proceso de inclusión de extraditables en la ‘paz total’, a cambio de sumas de dinero. El ruido que se generó en torno a este tema distanció a Juan Fernando Petro de su hermano el presidente, quien le pidió directamente al fiscal Francisco Barbosa que investigara los hechos.
La denuncia de los condenados de La Picota hace resurgir las sospechas sobre la transparencia del proceso de inclusión de los extraditables en la ‘paz total’, y sobre la posible corrupción de algunos abogados que se aprovechan de la buena fe de los condenados. Las autoridades investigarán estos hechos para determinar la veracidad de las denuncias y garantizar la transparencia en este proceso.
En este contexto, el hermano del presidente Petro ha negado a varios medios de comunicación, rotundamente haber mantenido reuniones con narcotraficantes y extraditables en cárceles del país. Sin embargo, el hecho de que los condenados denuncien la exigencia de sumas de dinero por parte de los abogados para acceder al programa de ‘paz total’ genera nuevas dudas sobre la integridad del proceso y sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.
En resumen, la denuncia de un grupo de condenados de La Picota sobre la exigencia de dinero por parte de abogados para acceder al programa de ‘paz total’ del gobierno, sumada a las sospechas de la injerencia de Juan Fernando Petro en el proceso de inclusión de extraditables, ha generado dudas sobre la transparencia del programa y sobre la lucha contra la corrupción en Colombia. Las autoridades investigarán estos hechos para garantizar la integridad y transparencia del proceso.
