Las comunidades del Pacífico colombiano se encuentran en una delicada situación de orden público debido a los constantes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. En el departamento de Nariño, se ha declarado una crisis humanitaria debido a la violencia desatada en la región.
En diversos municipios a lo largo de la costa pacífica, como Bajo San Juan, Ricaurte y Novita, se ha reportado una grave crisis de orden público provocada por grupos delincuenciales locales. Los habitantes se sienten atrapados en medio del fuego cruzado y se han visto obligados a abandonar sus hogares de manera forzada.
El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, ha señalado que en los últimos días se ha observado una reconfiguración del conflicto armado, lo que ha llevado a las comunidades a desplazarse y confinarse. Además, se ha destacado la existencia de un paro armado que ha restringido la libre movilidad en los territorios afectados.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente el 79% de la población en el departamento del Chocó se encuentra confinada y con su movilidad restringida debido a la presencia de grupos criminales en la zona. Además, más de 5.000 personas se han visto obligadas a desplazarse forzosamente.
A pesar de los llamados del Gobierno Nacional a la paz y a detener los enfrentamientos, las comunidades afectadas no han recibido la ayuda necesaria para garantizar su seguridad. Los pobladores hacen un urgente reclamo al líder político Gustavo Petro para que atienda la crisis humanitaria y tome medidas para proteger a las comunidades afectadas.
Esperamos que estas acciones sean tomadas en cuenta por las autoridades competentes, ya que es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas en el Pacífico colombiano. La paz y la protección de los derechos humanos deben ser una prioridad en la región.
