Imputación de cargos en Bioparque Ukumari por liberación premeditada de chimpancés
En la tarde de este lunes, se celebró una audiencia de imputación de cargos por maltrato animal, arrojando acusaciones serias en contra del cuidador responsable de los chimpancés Pancho y Chita en el Bioparque Ukumari de Pereira. Según las pruebas presentadas por la fiscalía, el joven habría dejado salir a los animales de manera intencional el pasado 23 de julio, un acto que culminó en el trágico sacrificio de ambos primates.
Detalles contundentes revelan dolo en el manejo de los seguros y puertas
La fiscal encargada del caso, en una declaración enérgica, expresó: “Maltrató física y psicológicamente a dos chimpancés que tenía bajo su cuidado. De manera dolorosa y conociendo los protocolos, dejó de forma premeditada y deliberada abiertos 7 seguros que debía cerrar. La única manera en que estos dos simios salieran de su hábitat era si se trataba de puertas sin seguros, guillotinas, pasadores”. Estas palabras mostraron la gravedad del asunto y la supuesta intencionalidad detrás de la fuga de los chimpancés.
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Durante la audiencia, el estupor en la sala era palpable al evidenciar que la liberación de Pancho y Chita no fue un simple error involuntario. El diseño y seguridad del Bioparque Ukumari están meticulosamente planificados para evitar este tipo de incidentes, lo que intensifica las sospechas de una acción intencionada por parte del cuidador.
El testimonio de la fiscalía recalca la contundencia de los relatos, señalando las acciones deliberadas que propiciaron la fuga de los chimpancés en un espacio diseñado específicamente para garantizar su seguridad y bienestar. Esta situación, que concluyó en el lamentable sacrificio de Pancho y Chita, ha generado indignación en la comunidad y pone en el centro del debate la responsabilidad y ética de quienes están encargados del cuidado de estos seres sensibles.
La audiencia, dada la gravedad y la necesidad de continuar investigando los hechos, se aplazó hasta el día viernes. En esta fecha, se definirá si el cuidador será cobijado con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad y enfrentará los cargos que le imputa la fiscalía por maltrato animal.
