La mesa de diálogo entre el Gobierno y los mineros busca acuerdos clave para formalizar la actividad minera y reducir los efectos negativos del paro.
En Caucasia, Antioquia, continúa el diálogo entre el Gobierno y representantes del sector minero, con el objetivo de finalizar el paro que afecta a varios departamentos. La protesta, que ya completa cinco días, ha generado consecuencias en las economías locales, especialmente en el abastecimiento de combustible y el aumento de precios en algunos alimentos. Yarley Marín, presidente de la mesa minera de Segovia, explicó en medio de comunicación los avances en la negociación y los puntos de discusión con el Gobierno.
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Marín informó que se han abordado diez temas, y siete de ellos están casi acordados. No obstante, indicó que falta definir un cronograma de implementación y resolver temas clave para sectores asociados a la Coordinadora Nacional Minera. Marín se mostró optimista y resaltó que, si alcanzan acuerdos sólidos, informarán a sus comunidades para avanzar con medidas que respondan a sus necesidades.
Principales retos en la negociación minera
A pesar del progreso en algunos temas, aún persisten dificultades. Según Marín, existen retos relacionados con las comunidades mineras de Santander, como Betas y California, y el decreto 1035, que afecta a mineros en Risaralda y Caldas. Estas áreas dependen de la minería para su sustento, y buscan regulaciones que no comprometan su modo de vida.
Por solicitud de los manifestantes, siendo las 4:00 am se define hacer receso en la mesa de diálogo con los mineros del Bajo Cauca para continuar en la mañana. Hemos avanzado en la identificación de 10 puntos de trabajo, 7 de los cuales tienen avance de consenso, se mantienen…
— Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) October 25, 2024
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Formalización y destino de la maquinaria incautada
Uno de los temas centrales en la negociación es la formalización de la actividad minera. Marín destacó que los mineros informales necesitan condiciones que les permitan operar legalmente. Además, la discusión sobre la maquinaria amarilla confiscada ha sido crucial. Marín insistió en que la caracterización de estos equipos es importante para evitar su destrucción y explorar alternativas que beneficien a las comunidades.
“El diálogo ha permitido abordar temas que no solo buscan formalizar, sino también crear condiciones para que la minería sea segura y sostenible”, explicó Marín. Este enfoque incluye el uso de la maquinaria incautada para reducir la minería ilegal y promover prácticas responsables. La esperanza de Marín es que el Gobierno cumpla los principios pactados, lo cual permitiría informar a las comunidades sobre un posible acuerdo.
La conclusión de este paro es vital para estabilizar las economías locales y facilitar la actividad minera de forma legal y controlada en Colombia.
