Cinco empresas investigadas por señal en cárceles enfrentan actuaciones administrativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), luego de que se encontraran cientos de dispositivos electrónicos en La Picota, en Bogotá, y conexiones de internet satelital en otros establecimientos penitenciarios de Colombia.
El anuncio, divulgado por el Gobierno nacional el 21 de noviembre de 2026, involucra a Starlink Colombia y cuatro operadores de telecomunicaciones por posibles incumplimientos de las obligaciones legales para restringir las comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión.
La investigación tiene como antecedente un operativo en La Picota, donde fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, según el informe oficial.
Sin embargo, el alcance del caso supera lo ocurrido en Bogotá. Inspecciones técnicas del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro cárceles del país.
El Ministerio busca establecer si las compañías adoptaron las medidas técnicas que les correspondían. La formulación de cargos no significa que se haya demostrado su responsabilidad ni que las sanciones estén decididas.
¿Cuáles son las cinco empresas investigadas por señal en cárceles?
Las actuaciones administrativas involucran a cinco empresas o estructuras empresariales vinculadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia.
La primera es Starlink Colombia S.A.S., investigada por las conexiones de internet satelital identificadas en establecimientos penitenciarios.
Las otras cuatro son:
- Partners Telecom Colombia S.A.S., asociada con WOM.
- Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con Movistar.
- Comunicación Celular S.A. (Comcel), operador de Claro.
- Unión Temporal Colombia Móvil–Colombia Telecomunicaciones, relacionada con Tigo.
Aunque las cinco figuran en el anuncio del MinTIC, los señalamientos no son idénticos.
En el caso de Starlink, la investigación comprende conexiones identificadas en La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta; y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Para los otros cuatro investigados, los cargos están relacionados específicamente con posibles incumplimientos en la eliminación o restricción de señales móviles dentro de La Picota.
Esta diferencia significa que el Ministerio deberá evaluar las obligaciones aplicables a cada servicio y las medidas técnicas que correspondía implementar a sus proveedores.
La norma citada por el Gobierno es el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, que establece obligaciones relacionadas con el control de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios.
¿Qué encontraron en La Picota y por qué preocupa?
El inventario divulgado por el MinTIC permite dimensionar la cantidad de dispositivos que habían ingresado al establecimiento penitenciario.
Equipos encontrados en La Picota
3.754
Tarjetas SIM
582
Teléfonos celulares
6
Antenas Starlink
38
Módems
Fuente: MinTIC. Las cantidades corresponden a elementos encontrados, no a conexiones activas comprobadas.
Uno de los datos más llamativos es que fueron encontradas más de seis tarjetas SIM por cada teléfono celular registrado en el inventario.
Sin embargo, esa proporción no permite determinar cuántas tarjetas estaban activas, si habían sido utilizadas recientemente o quiénes figuraban como sus titulares.
Tampoco demuestra que todos los dispositivos estuvieran funcionando simultáneamente.
El hallazgo de seis antenas Starlink introduce otro elemento en el problema: las restricciones de telefonía móvil no necesariamente impiden el acceso a internet mediante tecnologías satelitales.
Una conexión satelital puede distribuir internet a distintos dispositivos mediante una red inalámbrica local. Por eso, las investigaciones deben distinguir entre las obligaciones relacionadas con las señales móviles y las que corresponden a otros servicios de conectividad.
La diferencia central es que los cargos contra los operadores móviles se concentran en La Picota, mientras que la investigación relacionada con Starlink comprende conexiones identificadas en cuatro establecimientos.
El comunicado oficial tampoco precisa cuántas de las 3.754 tarjetas SIM fueron desactivadas posteriormente ni cuántas conexiones detectadas permanecían operativas al momento del anuncio.
Los elementos encontrados corresponden a operativos anteriores a la divulgación de las investigaciones y no deben presentarse como una nueva incautación del 22 de noviembre.
¿Qué sanciones enfrentarían las empresas investigadas por señal en cárceles?
Las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que los procedimientos administrativos determinen la existencia de infracciones sancionables.
El Ministerio también mencionó otras posibles consecuencias, como la suspensión temporal de operaciones y la cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según la naturaleza del incumplimiento y las normas aplicables.
Ninguna de estas medidas es automática. Las compañías tienen derecho a presentar sus explicaciones, aportar pruebas y controvertir los señalamientos antes de que se adopte una decisión definitiva.
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre las investigaciones mediante una publicación en su cuenta de X, en la que manifestó que había impartido instrucciones para utilizar herramientas legales y tecnológicas destinadas a impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles.
En su mensaje planteó la desactivación de tarjetas SIM utilizadas ilegalmente y la restricción de conexiones satelitales no autorizadas. También mencionó responsabilidades compartidas entre operadores, MinTIC, INPEC, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública.
No obstante, el pronunciamiento presidencial no constituye por sí mismo una decisión sancionatoria contra las empresas investigadas.
Por ahora, el comunicado oficial no informa los resultados definitivos de las actuaciones ni establece qué compañías habrían incumplido efectivamente sus obligaciones.
Tampoco presenta un balance actualizado de conexiones suspendidas, tarjetas desactivadas o medidas técnicas adicionales adoptadas en los cuatro establecimientos penitenciarios mencionados.
El siguiente paso será conocer las respuestas de las compañías y las decisiones del MinTIC, que deberá establecer si existieron incumplimientos y qué consecuencias legales corresponden en cada caso.
El resultado permitirá determinar si las medidas aplicadas fueron suficientes para restringir las comunicaciones no autorizadas y qué cambios deberán implementarse para evitar que estos canales continúen funcionando desde las cárceles colombianas.

