Los maestros llevan meses quejándose por citas que no llegan y medicamentos que no se entregan. Ahora a esa lista se suman los militares. La Superintendencia Nacional de Salud anunció que intensificará la inspección y vigilancia sobre la Dirección General de Sanidad Militar y mantendrá bajo la lupa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que atiende a más de 840.000 docentes y sus familias en todo el país.
La decisión llega en el peor momento para el magisterio: el Fomag se quedó sin el administrador que lo manejó durante 36 años y todavía no se sabe quién lo reemplazará.
Qué encontró la Supersalud en Sanidad Militar
Según la Supersalud, las quejas reiteradas de los usuarios que recogió en sus recorridos por las regiones, y las alertas de asociaciones de usuarios y veedurías ciudadanas, la llevaron a reforzar la vigilancia sobre el sistema de salud de las Fuerzas Militares.
La entidad revisará las condiciones en que se están prestando los servicios, los procesos de contratación y si existen posibles irregularidades que pongan en riesgo la atención y los derechos de los afiliados. La Superintendencia no detalló cuántas quejas ha recibido ni en qué regiones se concentran, ni ha anunciado sanciones por ahora.
El Fomag: 8 de 13 órdenes sin cumplir
En el caso de los maestros, la vigilancia no es nueva. El Fomag está bajo medida cautelar desde el 23 de septiembre de 2025, una figura con la que la Supersalud le impone órdenes concretas a quien administra un servicio de salud con fallas. Esa medida fue prorrogada en enero de este año y estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2026.
Pero el dato que más pesa es otro: en uno de sus seguimientos, la Supersalud encontró que se habían incumplido 8 de las 13 órdenes que había dado. Las fallas más graves tienen que ver con la conformación y la contratación de la red de clínicas y hospitales que deben atender a los docentes, que la propia entidad calificó como “uno de los puntos más sensibles del modelo”.
Entre las órdenes estaban garantizar la entrega de medicamentos, responder a tiempo los reclamos de los usuarios, contratar equipos de atención para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, y ponerse al día con los pagos a clínicas y proveedores.
Ahora, en una nueva visita de seguimiento, la Supersalud revisa las decisiones sobre el modelo de atención y la contratación para establecer si los docentes y sus beneficiarios están recibiendo los servicios que necesitan.
Un modelo que no termina de arrancar
El actual modelo de salud del magisterio comenzó el 1 de mayo de 2024. Eliminó a los operadores intermediarios que antes contrataban a las clínicas y dejó a Fiduprevisora, una fiduciaria en la que el Estado es socio mayoritario, firmando convenios directamente con miles de prestadores.
Desde entonces, las protestas de los docentes por demoras en citas, cirugías y entrega de medicamentos han sido constantes en distintas regiones del país.
Fiduprevisora sale y viene una transición
El 31 de octubre terminó el contrato con el que Fiduprevisora administró el Fomag durante 36 años. El Gobierno decidió no renovarlo, con el respaldo de los ministerios de Trabajo y Hacienda y de Fecode, tras revisar informes de supervisión, hallazgos de los organismos de control y las quejas de los docentes. Según lo informado, hay facturas pendientes por más de 2,4 billones de pesos por servicios médicos, medicamentos e insumos.
Desde el 1 de noviembre corre un periodo de transición de un año, que puede extenderse otros 12 meses. El Gobierno aún no ha dicho quién reemplazará a Fiduprevisora ni con qué modelo se administrará el fondo. Lo que sí aseguró es que los maestros no pierden sus derechos ni tendrán que reiniciar los tratamientos que ya tienen en curso.
En ese contexto, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, se reunió con representantes del Ministerio de Educación para analizar el proceso de transición y definir el acompañamiento que hará la Supersalud dentro de sus competencias de inspección y vigilancia.
Para los docentes, la pregunta de fondo es: quién va a responder por su salud cuando termine la transición, y si el cambio de administrador servirá para que las citas y los medicamentos lleguen a tiempo.
