Reportan arresto contra alcalde de Bolívar por desacato
Un reporte conocido sobre una actuación judicial en Bolívar, Valle del Cauca, señala que el alcalde Julián Muriel y la funcionaria Beatriz Eugenia Olivero Zubega habrían sido sancionados con cinco días de arresto domiciliario por un presunto desacato a una sentencia de tutela.
De acuerdo con la información difundida, la decisión correspondería al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bolívar y estaría relacionada con el cumplimiento de una orden judicial sobre la entrega de documentos e información vinculados con la gestión del riesgo en el municipio.
El reporte identifica como antecedente la sentencia de tutela número 98 del 8 de octubre de 2026, promovida por el ciudadano Cristian Gálvez.
La información señala que el proceso involucra al mandatario municipal y a Olivero Zubega, identificada como secretaria de la oficina encargada de la gestión del riesgo de desastres.
Sin embargo, EL NORTE HOY no ha tenido acceso a la providencia judicial para confirmar directamente el contenido de la sanción, su fecha de expedición y su estado procesal.
La solicitud de información sobre la represa Sarabrut
El origen de la controversia estaría relacionado con una solicitud de información y documentos sobre los procedimientos institucionales de prevención y respuesta frente a posibles emergencias asociadas con la infraestructura hidráulica conocida como represa Sarabrut.
Según el reporte, el ciudadano que promovió la tutela buscaba obtener información sobre la gestión pública del riesgo, especialmente acerca de los mecanismos de alerta, comunicación y evacuación previstos para situaciones que pudieran comprometer la seguridad de la población.
La infraestructura mencionada se encuentra, de acuerdo con la información recibida, en la zona alta del municipio de Bolívar.
El asunto tiene una dimensión de interés público porque se refiere a los procedimientos que deben orientar la respuesta institucional frente a posibles emergencias.
Conocer los protocolos de comunicación permite establecer qué mecanismos están previstos para informar a la comunidad. De igual manera, los documentos sobre evacuación permiten identificar las medidas institucionales contempladas para una eventual situación de riesgo.
No obstante, la existencia de esta controversia judicial no demuestra que la represa presente fallas estructurales, que exista una emergencia activa o que se haya determinado un peligro inminente.
El reporte se refiere específicamente a una discusión sobre el acceso a información y el cumplimiento de una orden judicial, no a un diagnóstico técnico sobre el estado de la infraestructura.
Qué se conoce de la sanción al alcalde de Bolívar
La información difundida sostiene que, además de los cinco días de arresto domiciliario, el despacho judicial habría impuesto a cada uno de los dos funcionarios una multa equivalente a 68,45 unidades de valor básico (UVB).
El reporte señala que esa cantidad correspondería a 828.929 pesos para 2026, cifra que requiere confirmación con el documento judicial y el valor oficial aplicable.
Es importante distinguir la imposición de una sanción por desacato de su ejecución efectiva. La existencia de una orden de arresto no significa necesariamente que la persona sancionada ya se encuentre privada de la libertad.
En este tipo de procedimientos también resulta necesario establecer si la decisión fue remitida al superior judicial para su revisión y cuál es el resultado de ese trámite.
Por ahora, la información recibida no permite precisar si la sanción fue confirmada, modificada o revocada, ni establecer si los funcionarios presentaron documentación adicional para acreditar el cumplimiento de la tutela.
Tampoco se cuenta con un pronunciamiento de la Alcaldía de Bolívar o de los funcionarios mencionados frente a los hechos descritos.
