El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad privada vinculada anteriormente a sus negocios y que administraba cuantiosos recursos públicos.
La decisión se conoció cuando el mandatario enfrentaba un proceso de juicio político en el Congreso, impulsado por legisladores que cuestionaban su actuación frente a los problemas financieros de la entidad bancaria.
Según informaron las agencias Reuters y Associated Press, Peña explicó que su salida buscaba preservar la estabilidad del país y proteger las instituciones democráticas.
Santiago Peña renuncia en medio de una crisis financiera
La situación se agravó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay decidió intervenir Ueno Bank debido a problemas de solvencia.
La entidad reguladora encontró que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo de la mitad del mínimo legal exigido, una situación que llevó a iniciar el procedimiento de resolución bancaria.
La medida afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes, quienes enfrentaron dificultades para acceder a sus cuentas y ahorros.
Ueno Bank había experimentado un rápido crecimiento dentro del sistema financiero paraguayo y administraba recursos provenientes de instituciones públicas, incluidos fondos relacionados con pensiones y seguridad social.
La intervención generó preocupación entre los depositantes y movilizaciones ciudadanas que exigían respuestas sobre la protección de los ahorros.
El Gobierno y los organismos financieros comenzaron a evaluar mecanismos para devolver los depósitos y reducir las consecuencias económicas de la crisis.
El Congreso impulsaba un juicio político contra el mandatario
La crisis bancaria también abrió un conflicto político por los vínculos empresariales que Santiago Peña había mantenido con el grupo propietario de Ueno Bank.
De acuerdo con Reuters, el mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, empresa matriz de la entidad financiera, hasta marzo de 2025.
Un grupo de 35 legisladores promovió una acusación para iniciar un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño de sus funciones.
Entre los cuestionamientos figuraban posibles conflictos de intereses, el manejo de recursos previsionales y presuntas fallas institucionales relacionadas con la supervisión bancaria.
Estas acusaciones corresponden a señalamientos de los legisladores y no constituyen decisiones judiciales que establezcan responsabilidad del mandatario.
