El Gobierno Nacional presentó el borrador de su proyecto de reforma pensional esta semana, generando una gran controversia en el país. El presidente Gustavo Petro busca fortalecer el régimen público, pero muchos critican que se estaría pasando por encima del derecho de los colombianos a elegir dónde quieren ahorrar su dinero para su vejez y desconociendo la forma en la que actualmente opera el mercado de valores en el país.
Uno de los cambios más importantes que se propone es la reducción del salario máximo para cotizar en el régimen público que es administrado por Colpensiones. Ya no serían cuatro salarios mínimos, sino tres. Quienes ganen más de ese valor cotizarían el excedente en los fondos privados de pensiones. Además, habrá cambios en el subsidio para los colombianos de la tercera edad que hoy no tienen ingresos o solo sobreviven con los recursos del programa Colombia Mayor.
El gobierno de Petro también busca unificar los dos regímenes actuales, el de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creando el llamado sistema de pilares. Sin embargo, hay un punto que preocupa a muchos trabajadores: el traslado obligatorio de todos aquellos que ganen menos de tres salarios mínimos al sistema público, sin siquiera consultarles si están de acuerdo o no. Si este punto se aprueba, más del 80 % de los cotizantes pasarían a Colpensiones.
Según datos del Dane a finales del 2022, 8 de cada 10 empleados deberán trasladarse al régimen de prima media, puesto que están dentro del rango salarial que estipuló el Ministerio de Trabajo en el articulado de la reforma pensional. Esta propuesta ha generado un gran debate en el país, con muchos críticos argumentando que se estaría vulnerando el derecho de los colombianos a elegir su propio régimen de pensiones.
