Exalcalde de Balboa bajo investigación por contratos de 2020
Según la Procuraduría, Humberto Vásquez Vásquez habría autorizado pagos relacionados con un negocio jurídico fechado el 5 de abril de 2020 y con un contrato de prestación de servicios firmado en agosto del mismo año, sin confirmar el cumplimiento total de las obligaciones pactadas.
El Ente de control señaló que el entonces mandatario no solo firmó las órdenes de pago, sino que también suscribió el acta de liquidación, a pesar de no haberse recibido todos los entregables acordados. Esto supone una posible vulneración de los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia.
Además, de acuerdo con el Ministerio Público, la falta disciplinaria ha sido calificada preliminarmente como grave cometida a título de culpa grave, lo que podría acarrear sanciones importantes en el desarrollo del proceso disciplinario.
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Supervisora de contratos también enfrenta cargos
La investigación no solo afecta al exalcalde. Liliana Cifuentes González, quien fungía como supervisora de los contratos, también fue llamada a responder por presuntamente haber cumplido de manera deficiente sus funciones de vigilancia y control sobre los acuerdos bilaterales.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira advirtió que la supervisora debió garantizar el cabal cumplimiento de los términos contractuales, evitando así la autorización de pagos en circunstancias irregulares.
En este contexto, la omisión de funciones tanto del exalcalde como de la supervisora habría afectado la correcta ejecución de los recursos públicos, comprometiendo el interés general y la transparencia administrativa.
Principios de contratación pública en riesgo
El Ministerio Público enfatizó que la correcta gestión de los contratos estatales es esencial para preservar la confianza en las instituciones y garantizar el buen uso de los fondos públicos.
La supuesta conducta de los investigados podría haber alterado gravemente los principios de la contratación pública, los cuales exigen que toda actuación administrativa se rija por la eficiencia, eficacia, moralidad y responsabilidad.
La falta de verificación de entregables no solo constituye un incumplimiento de deberes funcionales, sino que además pone en riesgo los recursos asignados para el bienestar de la comunidad de Balboa, Risaralda.
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Lo que sigue en el proceso disciplinario
En este momento, el pliego de cargos representa el inicio formal de una etapa de juzgamiento disciplinario. Tanto Humberto Vásquez Vásquez como Liliana Cifuentes González tendrán oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer pruebas y solicitar las que consideren necesarias para su defensa.
El fallo disciplinario dependerá de la valoración de las pruebas recaudadas y de la gravedad de la falta atribuida, lo que podría implicar sanciones que van desde suspensión hasta inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La Procuraduría, en cumplimiento de su misión constitucional, reiteró que su propósito es garantizar la moralidad pública y prevenir conductas que afecten la buena marcha de la administración, en todos los niveles de gobierno.
