Propuestas enfrentadas dificultan el consenso sobre el aumento

Esta semana, el Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos iniciaron la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2025. Las propuestas iniciales reflejan profundas diferencias entre las partes, lo que complica la posibilidad de un acuerdo.

Los sindicatos, representados por las centrales de trabajadores, solicitaron un incremento del 12 %, que llevaría el salario mínimo a $1’456.000, argumentando la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a los altos costos de vida. Por su parte, los empresarios, encabezados por Acopi, propusieron un aumento del 5,2 %, equivalente a $67.600, considerando únicamente la inflación registrada por el Dane.

Argumentos de los sindicatos: un salario digno y fortalecimiento económico

Los trabajadores justifican su solicitud del 12 % en la creciente pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación. Según sus voceros, un incremento significativo no solo garantizaría un ingreso digno, sino que también impulsaría el consumo interno y contribuiría al crecimiento económico.

Además, destacan que un aumento de doble dígito está alineado con los indicadores económicos del país, como el crecimiento del PIB, y respondería a las necesidades de miles de familias afectadas por la precarización laboral.

En palabras de un líder sindical:
«El salario mínimo debe reflejar la realidad económica de los hogares colombianos. Nuestra propuesta busca justicia para los trabajadores y dinamizar la economía».

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Empresarios y su postura técnica: sostenibilidad y control inflacionario

Por su parte, Acopi, que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, presentó un enfoque conservador. Propusieron un aumento del 5,2 %, argumentando que corresponde exclusivamente a la inflación sin considerar la productividad, que el Dane estima en 1,73 %.

Rodolfo Correa, presidente de Acopi, explicó:
«Un aumento superior al 5,2 % generaría presiones inflacionarias y pondría en riesgo la sostenibilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas, que ya enfrentan dificultades económicas.»

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Sin embargo, esta posición generó críticas dentro del mismo sector empresarial. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que presentar cifras concretas antes de las negociaciones puede generar tensiones y dificultar el diálogo.

El Ministerio de Hacienda propuso un aumento intermedio del 6,2 %, considerando la inflación y la productividad, pero aún queda un largo camino para alcanzar un consenso entre las partes.

Un acuerdo aún lejano

La marcada distancia entre las propuestas, que difieren en $88.400, evidencia la complejidad de las negociaciones. Mientras los sindicatos insisten en priorizar el bienestar de los trabajadores, los empresarios destacan los riesgos para la estabilidad económica del país.

Con la discusión apenas iniciando, el desafío para el Gobierno será encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a ambas partes sin afectar la economía nacional.