El teniente retirado del Ejército Nacional, Alfred Leoman Aguirre Moreno. Ha sido presentado ante un juez de control de garantías en relación con su presunta participación en actos de tortura agravada. Según la Fiscalía General de la Nación, Aguirre Moreno habría forzado a tres soldados a comer cigarrillos y a tragarse el vómito provocado por esta cruel acción.
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Los hechos de 2012 y el acto de indisciplina
Los sucesos en cuestión tuvieron lugar el 25 de marzo de 2012. Todo ocurrió en un batallón del Ejército Nacional en Tunja, Boyacá, según un comunicado reciente de la Fiscalía. «Tres soldados regulares salieron sin autorización al quiosco de la unidad militar durante la jornada de visitas. Posteriormente fueron descubiertos por un superior fumando», menciona el informe.
Durante la formación nocturna, Aguirre Moreno, entonces teniente, reprendió a los tres uniformados por lo que consideró un acto de indisciplina. Según la Fiscalía, «los obligó a tragarse, por lo menos, 10 cigarrillos cada uno». De acuerdo con los testimonios, también los forzó a comerse el vómito generado por la ingesta de tabaco, y golpeó en el pecho a uno de los jóvenes que intentó resistirse.
Castigo extremo y violación de los derechos humanos
Además de la agresión en público, las víctimas declararon que fueron llevadas a las duchas para bañarse durante una hora con agua helada por orden del oficial. Posteriormente, se les indicó que debían secarse a la intemperie en medio de las bajas temperaturas para poder descansar.
Este comportamiento, que parece ser una severa violación de los derechos humanos, ha llevado a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos a imputar el delito de tortura agravada al teniente retirado. Sin embargo, el acusado no aceptó el cargo.
La tortura: un delito severamente penado en Colombia
Según el artículo 178 del Código Penal Colombiano, la tortura es un delito. Cualquiera que inflige dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos, con el objetivo de obtener información, una confesión, o para castigar o intimidar por cualquier razón que implique discriminación, está sujeto a una pena de prisión de 128 a 270 meses, una multa de 1.066 a 3.000 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.
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Los detalles completos de la investigación están pendientes mientras la justicia colombiana busca determinar la responsabilidad del teniente retirado Aguirre Moreno en los sucesos del 2012 en Tunja.
