Pidió permiso de salida, volvió a casa y todo terminó en tragedia. En el barrio Alfonso López, de La Virginia, Risaralda, una joven con discapacidad cognitiva fue víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, un hombre de 69 años condenado por feminicidio.
El permiso temporal, otorgado por el INPEC por 72 horas, se convirtió en una nueva oportunidad para el horror. El ataque fue descubierto gracias a la intervención del hermano de la víctima y la rápida reacción de los vecinos, quienes alertaron a la Policía y evitaron que el hombre escapara.
Pidió permiso pese a su historial criminal
Según el informe judicial, el sujeto había recibido un permiso temporal pese a su historial de violencia. Durante ese tiempo regresó a su vivienda y atacó a su hija de 20 años, quien no podía defenderse. El hermano de la víctima, al descubrir el hecho, enfrentó al agresor y generó una discusión que alertó a la comunidad. La Policía llegó de inmediato y lo capturó en flagrancia.
El caso ha encendido la preocupación de la Veeduría Departamental para la atención de las violencias contra la mujer en Risaralda. La entidad señaló que la concesión de permisos a personas condenadas por delitos graves debe ser revisada con criterios más estrictos de riesgo. “Es inaceptable que alguien con antecedentes tan graves reciba un permiso sin una evaluación exhaustiva de peligrosidad”, afirmó uno de sus voceros.
Consecuencias legales del hombre que pidió permiso
El agresor ya había sido condenado por feminicidio y le restaban tres años para cumplir su pena. Con este nuevo delito, su situación judicial se agrava. Ahora enfrenta cargos por acto sexual violento con persona en incapacidad de resistir, lo que podría aumentar su condena y endurecer su custodia.
La Fiscalía presentó pruebas que demuestran la intencionalidad del abuso. La víctima, de 20 años, recibe atención médica y psicológica, mientras organizaciones de derechos humanos exigen reforzar los controles del INPEC para evitar que personas peligrosas vuelvan a delinquir durante los permisos de salida.
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Pidió permiso y dejó al descubierto una falla estructural
El caso ha evidenciado una debilidad profunda en la política penitenciaria del país. Expertos señalan que los permisos de salida deben contar con un monitoreo real, especialmente cuando se trata de condenados por feminicidio o violencia sexual. La falta de coordinación entre instituciones judiciales y penitenciarias permite que hechos como este sigan ocurriendo.
La Veeduría Departamental solicitó al INPEC informes sobre la evaluación de riesgos aplicada en este caso. “No se trata de eliminar beneficios, sino de garantizar que no pongan en peligro la vida de otros”, puntualizó un representante de la entidad.
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Impacto social y lecciones del caso
La comunidad de La Virginia no oculta su indignación. “Nos sentimos desprotegidos. ¿Cómo un hombre con esa condena pudo volver al barrio?”, expresó una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva.
El suceso reactivó el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la protección de víctimas vulnerables. Organizaciones sociales insisten en reforzar la vigilancia a internos reincidentes, capacitar a las familias receptoras y promover mecanismos de denuncia más ágiles para prevenir tragedias.
Las autoridades locales reconocieron la valentía de los vecinos, cuya rápida acción impidió que el agresor huyera. El caso, que ha causado conmoción nacional, se convierte en un llamado urgente para revisar los protocolos de permiso de salida en el sistema penitenciario colombiano.
