La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia. Esta es la primera vez que el tribunal pide la detención de un jefe de Estado en funciones y la primera vez que pide la detención de un presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La orden de captura se produce en el contexto de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la deportación ilegal de niños de un territorio ocupado se traduce en un crimen de guerra. El tribunal ha acusado a Putin de ser el «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado a Rusia.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea. Sin embargo, Ucrania ha reconocido la jurisdicción de la CPI para investigar los crímenes de guerra en el país, lo que permite al tribunal procesar a ciudadanos rusos, incluido el presidente, por crímenes cometidos en Ucrania.
La CPI también ha emitido una orden de captura contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Marieke De Hoon, experta en derecho internacional, considera que este es un paso muy importante para la CPI, al perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos. «Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala», agregó.
Aunque la CPI ha emitido la orden de captura, el tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los sospechosos estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
La orden de captura pone en riesgo la capacidad de Putin de viajar a uno de los 123 países miembros de la CPI, ya que los Estados firmantes del tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos. Human Rights Watch celebró estas órdenes de arresto porque «convierten a Putin en un hombre en busca y captura» y son «un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores» de la guerra en Ucrania.
Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
