La Procuraduría interviene tras suspensión del proceso dirigido por el Ministro de Relaciones Exteriores
La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha iniciado una investigación disciplinaria contra el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el Secretario General del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, tras la suspensión del proceso de licitación de pasaportes. Esta acción busca determinar si ambos funcionarios incurrieron en alguna irregularidad al tomar esta decisión.
Irregularidades en la Contratación Estatal
La Sala Disciplinaria de Instrucción ha destacado que al declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, los mencionados funcionarios pudieron haber vulnerado varios pilares de la contratación estatal. De acuerdo con el comunicado del organismo, se habrían infringido principios fundamentales como transparencia, economía y responsabilidad. En este contexto, la Procuraduría solicitará pruebas para determinar la conducta de los involucrados y verificar si esta acción es considerada una falta disciplinaria.
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Contexto de la Suspensión
El pasado 14 de septiembre de 2023, el Canciller Álvaro Leyva firmó la resolución 7541, que declara la urgencia manifiesta con el objetivo de prevenir una crisis en el servicio de expedición de pasaportes. Esta acción se llevó a cabo después de que el Gobierno declarara desierto el proceso de licitación, que inició en mayo, para renovar el contrato con la empresa encargada de fabricar los pasaportes.
Ante esta declaratoria, el Gobierno obtiene la facultad de contratar el servicio de forma directa durante un periodo determinado, mientras se organiza un nuevo proceso de licitación. Esta medida se considera esencial para garantizar el servicio público de expedición, un derecho fundamental para los ciudadanos del país.
Razones Detrás de la Suspensión
La razón principal para declarar el proceso de licitación como desierto se debe a la presentación de una única oferta por parte de la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons. Según el Canciller Leyva, esta situación no aseguraba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.
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Dada la inminente finalización del contrato actual el 2 de octubre, la Cancillería ha declarado la urgencia manifiesta para no interrumpir el servicio de expedición de pasaportes. Por lo tanto, el Gobierno podrá continuar ofreciendo el servicio directamente mientras se organiza una nueva licitación.
Esta situación ha generado preocupación y atención, y se espera que la Procuraduría General aclare las circunstancias y determine si hubo alguna irregularidad por parte de los funcionarios involucrados en el proceso.
